Este martes, el Parlament balear ha aprobado en pleno la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que supondrá el veto a los motores de combustión en el archipiélago para los próximos años: a partir de 2025 los automóviles y las motocicletas diésel no podrán circular por las islas mientras que, en 2035, la prohibición se extenderá a todos los vehículos con propulsor térmico.
De esta manera, Baleares da un golpe sobre la mesa contra las emisiones contaminantes y se adelanta a la descarbonización europea, que pretende conseguir un parque móvil de cero emisiones en 2050, sumándose a otros países del Viejo Continente que ya se han comprometido a llevar a cabo limitaciones similares.
El Govern balear ya había anticipado su intención de vetar los vehículos de combustión hace un año, cuando aún el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética estaba redactándose. Un año después, la normativa obtiene luz verde en el Parlament con el voto favorable de los grupos de izquierdas, que representan la mayoría en la cámara legislativa, mientras que PP, PI y Ciudadanos han votado en contra.
¿Cuál es el calendario de la descarbonización en Baleares?
Beleares comienza así su cruzada de descarbonización en las islas que, aunque da menos margen al gasóleo frente a la gasolina, supone el veto definitivo a las mecánicas convencionales. Un movimiento que llega cuando aún la oferta de vehículos de mecánica alternativa sigue siendo insuficiente en nuestro país: en el caso de los automóviles, los motores térmicos siguen copando más del 90 % de la misma.
No obstante, el Govern considera que dieciséis años son suficientes para decir adiós definitivamente a la combustión. De hecho, según lo estipulado por Europa, no queda otra. El calendario de objetivos, recogido en el Artículo 9 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el siguiente:
a) A partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibida la circulación en las Islas Baleares de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible, salvo aquellos vehículos respecto de los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma.
b) A partir del 1 de enero de 2035, quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones, salvo aquellos vehículos respecto de los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en las Illes Balears.
Esto se traduce en que, a partir de 2025, no podrán circular ni los coches ni las motocicletas nuevas con mecánica de gasóleo, veto que se ampliará al resto de vehículos (furgones y furgonetas) así como a motos y automóviles de gasolina en 2035.
Cabe señalar, no obstante, que los vehículos ya registrados en Baleares antes de dichas fechas, podrán seguir utilizándose hasta el fin de su vida útil. De igual manera, la nueva normativa recoge excepciones en vehículos que prestan servicios públicos, como es el caso de las flotas de fuerzas de seguridad o servicios médicos, así como camiones de residuos o vehículos de mantenimiento.
Baleares se adelanta así a la propuesta del Gobierno, realizada en pasado mes de noviembre, que anticipaba su intención de prohibir la venta y matriculación de automóviles de combustión en 2040. Se trata de una medida que se recogerá en la Ley de Cambio Climático que está preparando el Ejecutivo.
Hechos y no intenciones
La aprobación del texto por el Parlament balear ha despertado no pocas voces en contra. Los partidos de la oposición han mostrado su rechazo a varios puntos de la medida entre los que se encuentra el veto a los motores térmicos.
Por otro lado, el pasado lunes, Jose María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) remitía una carta al Govern advirtiendo de los "efectos negativos" que traerá consigo la medida para con la industria y el mercado, considerando que "parece no ajustarse a los principios de buena regulación".
Varios grupos parlamentarios han criticado dicha misiva, poniendo en duda la legitimidad de Marín Quemada para realizar dicho aviso. Es el caso del diputado socialista Damià Borràs, que ha subrayado los vínculos del directivo de competencia con empresas petroleras, así como de Carlos Saura, diputado por Podemos, que en su caso ha acusado a los populares de ser "los mayordomos de los lobbys".
Por su parte, Marc Pons, conseller de Territorio, Energía y Movilidad, ha defendido "la necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas", remarcando la gran dependencia energética de la comunidad y la pobre implantación de fuentes renovables. Pons defiende que esta ley es la hoja de ruta para hacer efectivo el cambio de modelo y que es "una ley de hechos y no de intenciones".
Además, ante la posibilidad de que la nueva normativa sea recurrida ante los tribunales, Pons afirma que disponen de toda la cobertura jurídica y que, en caso de que sea finalmente presentado un recurso, el Govern defenderá el texto "hasta donde haga falta y con todos los argumentos posibles".
Con la industria en contra
A las críticas de la oposición y competencia se suman las del sector automovilístico. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que ya trasladó el borrador de la normativa ante la Comisión Europea y el Consejo para la Unidad de Mercado antes de su aprobación, considera que es una ley discriminatoria para con una tecnología, sin hacer ningún tipo de distinciones por antigüedad o rango de emisiones, por lo que tacha la medida de "arbitraria, inidónea y desproporcionada".
Asimismo, la patronal de fabricantes advierte que la nueva normativa afectará a unas 300.000 personas que se desplazan cada año con su vehículo a Baleares. Anfac recuerda que ningún ciudadano que resida fuera el archipiélago podrá circular con su vehículo diésel por la región en sólo seis años, mientras que en 2035, tampoco podrán hacerlo con cualquier modelo de combustión.
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha calificado la medida de "auténtico despropósito", dudando de su legalidad en el marco regulatorio de comercio europeo. Pérez ha remarcado que esta ley va contra industria española y ha recordado la importancia de la red de concesionarios en Baleares.
"Prohibir la movilidad de los ciudadanos en una industria tan importante en España y en una red de concesionarios tan relevante como la de Baleares, sin que vaya acompañada de desarrollo tecnológico, es una temeridad", defiende Pérez. "Tenemos que sentarnos y ver dónde queremos llegar hacia la descarbonización, que es un objetivo común de todos, pero los pasos que se están dando no tienen ningún sentido con el desarrollo tecnológico del coche eléctrico hoy y con la movilidad que demandan los clientes", ultima el presidente de Faconauto.
Muchas incógnitas
Lo cierto es que el paso adelante de Baleares nos lleva a plantearnos varias cuestiones. La primera, qué ocurrirá con las empresas de alquiler que operan en las islas y que no son pocas. En el texto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se recoge la obligación de que vayan incorporando de forma progresiva automóviles eléctricos en sus flotas, para pasar del actual 2 % al 100 % en 2035.
De igual manera, al prohibirse la circulación de modelos de combustión de nueva comercialización a partir de sendas fechas, los concesionarios en Baleares se verán afectados de forma indirecta por el veto al no poder vender automóviles con motor térmico en las islas. A día de hoy, y pese a que siguen elevando imparablemente su porcentaje de ventas, las mecánicas alternativas (lo que incluye eléctricos, modelos a gas e híbridos) sólo representan el 11,1 % del volumen total en España, según los últimos datos de Anfac.
Asimismo, la medida deberá acompañarse de una infraestructura que la haga viable. La nueva normativa también se compromete a "planificar e implantar una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos adecuada y suficiente para el cumplimiento de los objetivos fijados". Además de nuevas electrolineras en la vía pública, el Govern también incluye en el texto la instalación de puntos de carga en dependencias portuarias y centros de trabajo.
Por último, cabe preguntarse como afectará a la industria del turismo en el archipiélago, una de sus principales fuentes de ingresos. Ante este punto, Marc Pons se ha mostrado optimista: "la sostenibilidad energética puede y debe ser un atractivo más de Baleares como destino turístico".