Para evitar los aranceles de importación a sus coches eléctricos en otros mercados, las marcas chinas están optando por instaurar fábricas fuera de la República Popular, incluyendo Europa. La que BYD está concibiendo en Brasil no está dando precisamente buena publicidad a la marca. ¿El motivo? Su poco respeto por los derechos laborales.
A finales de diciembre, las autoridades brasileñas denunciaron que una de las subcontratas que está concibiendo esta factoría tenía a sus trabajadores en "condiciones similares a la esclavitud". Y ahora desde Brasil afirman que se habría llevado a cientos de empleados con visados irregulares para levantar esta factoría.
¿Pasaportes ilegales para cerca de 500 trabajadores?
Desde el mes pasado, la construcción de la planta de BYD en el estado brasileño de Bahía está bajo la lupa de inspección de trabajo. Liane Durao es el principal responsable de la investigación, y quien ahora asegura, según recoge Reuters, que cientos de operarios habrían llegado desde China ilegalmente. En total son unos 500 empleados chinos los trasladados para hacer posible esta futura factoría.
A las autoridades brasileñas, afirma, no les temblará la mano para aplicar multas por cada trabajador que se encuentre en situación irregular. Aunque no han detallado el montante de estas sanciones.
Fuentes cercanas a BYD, señala Reuters, aseguran que los visados fueron emitidos correctamente y que todos los empleados han ido voluntariamente a Brasil. Desde Motorpasión nos hemos puesto en contacto con BYD y estamos a la espera de su respuesta.
Más de 100 empleados de vuelta a China y ajustes para cumplir la normativa. La fiscalía laboral brasileña calificó como "posibles víctimas de trata de personas" a los empleados contratados por Jinjiang Construction Group, que era la constructora subcontratada por BYD para reacondicionar la antigua fábrica de Ford que se convertirá en esta nueva planta de coches eléctricos de BYD en Camaçari.
Tras darse a conocer la investigación que acusaba de tener a sus 163 empleados contratados en condiciones "extremadamente degradantes", BYD rescindió el contrato con esta empresa.
También se acusó a dicha subcontrata china de posibles trabajos forzados y se señaló que al menos 107 tenían el pasaporte confiscado por Jinjiang Construction. La constructora defendió que habían entregado sus pasaportes voluntariamente para tramitar su visados temporales. También negó las acusaciones de las condiciones a las que estaban sometidos los operarios, que achacaron a "un error de traducción".
BYD afirma que, además de rescindir el contrato de Jinjiang Construction, los más de 160 empleados fueron trasladados a hoteles mientras se tramitaba su regreso a China. Retorno que ya se está haciendo efectivo, según señalan las autoridades brasileñas. De momento Brasil ha congelado nuevos visados de trabajo para la construcción de esta fábrica.
BYD Auto do Brasil ha asegurado que estos empleados subcontratados "no se verán perjudicados por esta decisión" y que se "garantizará la protección de todos sus derechos". Igualmente afirman que están llevando a cabo "una revisión detallada de las condiciones de trabajo de todos los empleados de las empresas subcontratadas responsables del proyecto" y que "harán los ajustes necesarios" para cumplir con la normativa laboral del país.
Ayer martes 7 de enero, BYD y las autoridades brasileñas mantuvieron una reunión con la marca china y todas las subcontratas para tomar medidas a fin de proteger y asegurar los derechos de todos los empleados. Pero dadas las irregularidades descubiertas, los inspectores laborales seguirán vigilando la construcción de la factoría para asegurarse que los trabajadores no son sometidos a condiciones abusivas.
La factoría de Camaçari será clave para BYD en Brasil para salvar los futuros aranceles más caros, que serán del 35 % en 2026: allí pretende concebir 150.000 coches eléctricos cada daño y en teoría va a estar lista este 2025. Aunque esta previsión podría cambiar dadas las investigaciones ahora en curso.
¿Coches eléctricos baratos a cualquier precio? No es la primera vez que a BYD, y en general a las marcas chinas, les sacan los colores por su poco respeto por los derechos laborales. O incluso derechos fundamentales.
En un reciente informe de Amnistía Internacional fue el fabricante peor calificado en transparencia en sus cadenas suministros: BYD no hace públicas las fundiciones, refinerías o minas donde obtiene las materias primas para fabricar las baterías de sus coches eléctricos. Otras como Geely, lo hacen a medias.
Esta falta transparencia, según el organismo, hace más probable que la extracción de componentes críticos como el cobalto o el niquel se realice o se haya realizado en condiciones que atentan contra los derechos humanos.
Controlar toda la cadena de valor del coche eléctrico es lo que ha llevado a a las marcas chinas a convertirse en referencia. Más si cabe BYD, que no solo se impone como el mayor fabricante chino de coches eléctricos: ha vendido tantos cero emisiones y PHEV en 2024 que está a punto de convertirse en el quinto fabricante mundial automovilístico.
Para dominar todo el proceso de los cero emisiones, las firmas chinas se valen de proveedores y subcontratas. Y concebir coches baratos también implica reducir costes, y la mano de obra barata es clave en este aspecto.