Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como los patinetes eléctricos lo tienen prácticamente imposible para subir al transporte público en España. Y a pesar de que las bicis eléctricas también equipan una batería, son los patinetes los que están en el punto de mira tras la última explosión en el metro de Madrid.
Otra Comunidad Autónoma se ha unido al veto a estos vehículos -sí, son vehículos a todos los efectos- y desde el 1 de enero Andalucía prohíbe su acceso en el transporte público, lo que incluye metros, autobuses y catamarán.
Según ha explicado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, "esta prohibición se mantendrá hasta que esos riesgos tiendan a remitir" y se ha adoptado como consecuencia de la resolución de la DGT acerca del certificado de seguridad de los VMP, ya que a partir del 21 de enero solamente se comercializarán patinetes eléctricos certificados de acuerdo al Manual de características técnicas de la DGT.
Sin embargo, esas garantías de seguridad no se aplicarán a los patinetes eléctricos en servicio antes de esa fecha, que tendrán una moratoria para seguir circulando sin regulación alguna hasta 2027. Dada esta situación de falta de regulación, la Consejería de Fomento ha determinado no autorizar el acceso al sistema de transporte público.
Según un informe encargado por la Consejería, se ha reportado "un número no despreciable de casos de peligrosidad en los que se han encontrado implicados vehículos VPM que, portando acumuladores eléctricos, estaban embarcados en medios de transportes públicos".
Andalucía no es el único territorio que ha aplicado restricciones al acceso de patinetes eléctricos al transporte público. Desde el pasado 12 de diciembre, Renfe ha prohibido su entrada en todos sus trenes de viajeros en todo el país, decisión que también se ha extendido al Tranvía de la Bahía de Cádiz (Trambahía).
Asimismo, la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y Mallorca han aplicado la misma medida en todo el transporte público, mientras que Valencia lo ha aplicado a los servicios ferroviarios (Cercanías, metro y tranvía).
Foto | Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía