La gestión anual de la M-30 se lleva casi 200 millones de euros al año, acaparando prácticamente la totalidad del presupuesto destinado por el Ayuntamiento de Madrid para la conservación de las calles. Un agujero negro en las arcas públicas de la capital, según los datos recogidos por eldiario.es.
Madrid Calle 30 fue el gran proyecto de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid a lo largo de sus dos candidaturas entre 2003 y 2011. El soterramiento de la vía de circunvalación de la capital arrancó en 2004, una obra faraónica que años después de su conclusión sigue dando que hablar.
Madrid Calle 30: la empresa público-privada de Gallardón que garantiza la rentabilidad de ACS y Ferrovial
Las cifras arrojadas sobre los presupuestos llaman poderosamente la atención. De los 193 millones de euros para mantenimiento de vías públicas con los que el Ayuntamiento de Madrid afrontó el ejercicio 2018, 145 millones de euros fueron a parar a la M-30. Dicho de otra manera: el 75% del presupuesto total se invirtió en una infraestructura que supone tan solo el 2% de las calles de las que se tiene que hacer cargo el consistorio.
Este ejercicio 2019 los presupuestos del Ayuntamiento han sido aprobados para destinar una cuantía superior con 215 millones de euros de dotación, de los que 155 millones serán de nuevo para la M-30, un ratio ligeramente inferior del 70% en un intento de revertir la dinámica que entre 2011 y 2017 ha sido del 76% con un pico del 80% en 2014 y 2015.
ediario.es apunta a que este reparto tan dispar es consecuencia de la gestión aplicada por Alberto Ruiz Gallardón en su proyecto de soterrar la circunvalación y, sobre todo, por el modelo de gestión semipúblico de la misma a través de Madrid Calle 30.
Madrid Calle 30 está gestionada de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Madrid y EMESA, empresa que a su vez está compuesta por las grandes constructoras ACS y Ferrovial. El reparto de acciones es desigual con un 80% en manos del Ayuntamiento y el 20% restante en manos de las empresas privadas.
Madrid está obligada contractualmente a inflar los presupuestos de la M-30
Ahora bien, la gran diferencia entre Madrid Calle 30 y cualquier otra empresa tradicional es que cuando se inició esta aventura en 2004 se firmó por contrato que EMESA tuviera garantizado un beneficio anual del 7,053 % (más intereses) con respecto a la inversión que ACS y Ferrovial realizaron para sacar adelante las obras. Una cuantía que se estima en 15 millones de euros anuales de beneficio (beneficio neto más dividendos).
Las arcas de capital son las que nutren los ingresos de Madrid Calle 30, haciéndose cargo de impuestos (IVA e impuesto de sociedades de los que quedaría exenta si EMESA fuera una sociedad 100% pública), dividendos y costes de mantenimiento, obligando a que el equipo de gobierno inyecte al menos 140 millones al año para que EMESA pueda alcanzar esa cuota de beneficio sellada ante notario. El reparto mínimo aproximado es el siguiente:
- Impuestos: 45 millones de euros
- Costes operativos: 6 millones de euros
- Mantenimiento M-30: 40 millones de euros, que como se pagan directamente a EMESA un tercio corresponden a beneficios de la sociedad dejando 28 millones para el mantenimiento
- Beneficio pactado con EMESA: 15 millones de euros
- Beneficio para el Ayuntamiento: 40 millones
Inflar de manera obligada los presupuestos para conseguir darle los beneficios pactados a EMESA lleva al Ayundamiento de Madrid a ingresar unos 40 millones de euros que vuelven a las arcas del consistorio como superávit en concepto de beneficios por el 80% de su participación.
El esfuerzo económico destinado a soportar el modelo de Madrid Calle 30 derivaría colateralmente en comprometer el dinero que se puede destinar al 98% restante de calles de la capital, forzando el deterioro de las calles según varias plataformas vecinales.
A partir de 2025 se abre la posibilidad de remunicipalizar Madrid Calle 30, lo que supondría un ahorro directo de unos 60 millones de euros (45 millones en impuestos y 15 millones en beneficios para EMESA) con respecto a lo que se está pagando al año actualmente.
Ya se han abierto las negociaciones para la remunicipalización entre las partes implicadas, pero aún no se ha concretado nada de manera firme por ser un procedimiento excesivamente complejo y costoso. Madrid tendría que abonar 111,5 millones de euros a EMESA por el préstamo que Madrid Calle 30 contrajo con las propias constructoras con unos intereses anuales del 5,5%, más otros 100 millones de euros aproximadamente por la compra del 20% de las acciones en manos de las sociedades privadas.
A estos más de 210 millones de euros habría que sumar la indemnización correspondiente por rescindir el contrato de manera anticipada si Madrid decide iniciar la remunicipalización de antes de 2025.