La batalla por la eliminación de Madrid Central sigue su curso. Tras el anuncio del nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de paralizar las multas por acceder con vehículos no autorizados a la zona de bajas emisiones, el grupo municipal del PSOE ha cofirmado que impugnará la medida.
A ello se suma la amenaza de varias asociaciones ecologistas de presentar una demanda ante la justicia española y comunitaria, que además han solicitado a la Comisión Europea que denuncie a España ante el tribunal comunitario si se anulan definitivamente las sanciones.
Hay que recordar que si bien el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha confirmado su intención de paralizar las multas mediante una moratoria que se haría efectiva el 1 de julio y hasta septiembre, la medida aún no se ha aprobado definitivamente. De hacerlo, sería cuando los grupos parlamentarios de la oposición moverían fichar para intentar tumbarla.
Madrid Central lleva siendo el epicentro de una contienda política en la capital de España desde que se implantara a finales de noviembre del año pasado. Cuando se puso en marcha, la Comunidad de Madrid, en aquel entonces presidida por el otrora popular Ángel Garrido, intentó paralizarlo presentando un total de dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ambos fueron rechazados.
Ahora, con el nuevo gobierno del consistorio, con Martínez-Almeida (Partido Popular) como nuevo alcalde, gracias al apoyo del frente conservador integrado por Ciudadanos y VOX, se cambian las tornas, pero el protagonista sigue siendo Madrid Central. No en vano, en sus propuestas de gobierno, tanto PP y VOX prometían su erradicación, mientras que Ciudadanos, si bien también se mostraban contrarios al proyecto en campaña, han ido suavizando su discurso apostando por una remodelación.
Revertir Madrid Central necesita mayoría absoluta
El PSOE sustenta sus argumentos en que Madrid Central es una de las medidas recogidas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en octubre de 2018. De hecho, la zona de emisiones era el proyecto estrella de esta normativa.
El grupo parlamentario municipal de los socialistas sostiene que esta norma es la de mayor rango municipal, por lo que cualquier modificación requiere de su aprobación en el Pleno con mayoría absoluta. Algo que se antoja complicado debido a su framentación. "El gobierno de la derecha no puede establecer ninguna moratoria unilateralmente sin modificar la norma, que requiere la decisión del Pleno", ha explicado el portavoz del PSOE en el consistorio madrileño, según recoge El País.
Y es que como ya analizamos en su momento, suprimir Madrid Central no sería tarea sencilla desde un punto legal. Al hecho de que se encuentre recogida en la ordenanza, se suma el de que el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático aprobado por el gobierno contempla la implantación de zonas de bajas emisiones en municipios con más de 50.000 habitantes con 2023 como fecha límite. Por no mencionar la multa desde Bruselas por incumplir los límites de emisiones, que gracias a medidas como Madrid Central se mantiene por el momento en moratoria.
Recordemos que Madrid Central, fue impulsada por Ahora Madrid, entonces al frente de la alcaldía, contando con el apoyo del PSOE. No obstante, tal y como informa El País, los socialistas ahora se muestran abiertos a cambios para mejorar la gestión de Madrid Central. Entre estos se encontraría ampliar la información al ciudadano, mejorar la participación de los afectados o optimizar las conexiones de la zona mediante autobuses de la EMT. Todo ello siempre supeditado a que el nuevo ayuntamiento no paralice las multas el 1 de julio.
Los ecologistas amenazan con denunciar ante la UE
De igual manera, varias asociaciones ecologistas han asegurado que llevarán ante la justicia española y europea la medida anunciada por Martínez-Almeida. Al frente, Ecologistas en Acción, que ha aseverado que, de aprobarse la anulación de multas, interpondrán una demanda en nuestro país, así como ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Una advertencia que también sustentan, según El País, las principales organizaciones ecologistas europeas, que han dirigido una carta al gobierno comunitario solicitando que reconsidere la denuncia a España si la zona de bajas emisiones queda desmantelada. Asimismo, han dirigido cartas a las embajadas españolas solicitando una rectificación. Si la moratoria deja de se efectiva, nuestro país podría enfrentarse a sanciones partiendo de un mínimo de 6,8 millones de euros.
Y es que pese a que el mayor argumento que esgrime el Partido Popular es que Madrid Central ha sido un fracaso, por lo que urgía acabar con la zona de bajas emisiones, varios informes sostienen lo contrario. Es el caso del elaborado por la propia Ecologistas en Acción que, desde que comenzara Madrid Central, ha elaborado mensualmente un análisis del impacto en las emisiones de las restricciones al tráfico en el centro de la capital.
Según el último informe, correspondiente a mayo, este mes ha sido el que menores índices medios ha registrado en 14 de las 24 estaciones que conforman la red de medición de Madrid desde que se articulara tal y como la conocemos hoy en enero de 2010. Asimismo, la estación de la Plaza del Carmen, la única dentro del perímetro de Madrid Central, registró una reducción del 44 % respecto a mayo de 2018 y del 26 % en comparación a los años de índices más bajos, 2013 y 2014, alcanzando así mínimos históricos.
Por último, Madrid Central también cuenta con parte del apoyo ciudadano. Una plataforma formada por varias asociaciones de padres y madres de alumnos ya ha llevado a cabo protestas y elaborado un manifiesto en favor del mantenimiento de Madrid Central, donde se argumenta que la medida es una cuestión de salud pública y no de ideología. Asimismo, se ha organizado una recogida de firmas por la continuidad del proyecto en Change.org que lleva, en el momento en el que se escribe este artículo, casi 212.000 firmas.