La de Madrid Central ha sido una historia para no dormir desde que Manuela Carmena inaugurara esa zona de bajas emisiones allá por el año 2018.
Casi tres años después de luchas judiciales entre partidos de izquierdas, asociaciones ecologistas y partidos de derechas, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la organización Ecologistas en Acción para preservar Madrid Central, por lo que se queda sin efecto.
Una sentencia firme
Según explican desde Ecologistas en Acción, la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) da por buenos los argumentos que inició el PP de Madrid en 2018 respecto al coste que suponía implantar esta zona libre de emisiones contaminantes. Y es firme.
Según el recurso que ha sido aceptado en el auto, el Ayuntamiento no podía asumir los 11,7 millones de euros durante siete años que implicaría tener Madrid Central activo. Al final, el talón de Aquiles del gran proyecto de Carmena han sido los defectos de forma.
"Resulta obvio que su repercusión presupuestaria era ínfima ante un presupuesto municipal que supera los 5.000 millones anuales, pero este argumento no fue atendido por el TSJM", declara la asociación ecologista en una nota de prensa.
En este escenario de nueva incertidumbre para los conductores, Madrid Central se queda sin efecto, por lo que el Ayuntamiento deberá mover ficha para aclarar la situación jurídica en la almendra central.
El único recurso que les queda a las organizaciones defensoras de Madrid Central será recurrir al Tribunal Constitucional, aunque las distintas contiendas legales han llevado a la Justicia a determinar que ha habido una ausencia de memoria económica y una "omisión del trámite de información pública".
¿Y qué pasa con las multas impuestas? Según declaró en 2020 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se procedería a devolver a todos los conductores el importe de las multas cobradas por acceder a Madrid Central sin permiso; un montante que según detalla ascendía por entonces a 36 millones de euros.
Según Ecologistas en Acción, Madrid es la ciudad europea con mayor mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno que se expulsa de los tubos de escape de los vehículos, dejando a la capital sin ningún plan "serio" de lucha contra la contaminación.
Lo cierto es que si el Gobierno municipal no desarrolla un plan para limitar las emisiones contaminantes en la ciudad, tendremos muy pronto noticias del Parlamento Europeo.
Sin mencionar que a partir de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener una zona de bajas emisiones.
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