Las multas de velocidad pueden ser tremendamente rentables, pero sobre todo lo están siendo para nuestro hoy protagonista. Un agente de tráfico ha impuesto nada menos que unas 4.000 sanciones cerca de un colegio y, según parece, podría haberse embolsado un bonito montante por ellas.
Tanto es así, que las autoridades están diciendo a los conductores que no paguen las multas tras descubrir el negociado que supuestamente se ha montado dicho agente. Las sanciones las ha estado poniendo ilegalmente por varios motivos, pero sobre todo es clave dónde ha ido el dinero recaudado.
¿No instaláis el radar? Ya multo yo y me llevo la recaudación
A principios de este año, en Luisiana se aprobó una normativa que regula los controles de velocidad en zonas escolares para hacerlas más seguras. En esta regulación se determina dónde se pueden colocar radares, cuándo se puede multar, cómo deben notificarse las sanciones, cómo pueden recurrirlas los conductores y cómo se distribuye la recaudación de las multas.
El agente Ron Tetzel de West Baton Rouge (una pequeña localidad de este estado), sugirió a sus superiores una zona de control de velocidad en un colegio del municipio en base a esa nueva ley. Cumpliendo esa normativa, deberían ser radares fijos debidamente señalizados y las multas deberían aplicarse solo en horario de salida y entrada del centro escolar. Además, a los infractores no se les debe notificar por carta la sanción.
Pero lo más relevante es el reparto de los ingresos resultantes de las multas: el 10% de los mismos deberían ir a la junta escolar y el resto a la administración local y a la empresa de los radares fijos. Tetzel no ha cumplido con ninguno de estos preceptos y según parece en propio beneficio compinchado con un juez del distrito.
En primer lugar, y nunca habiéndose aprobado oficialmente el plan de control de velocidad, este agente ha estado controlando la zona y sus inmediaciones con un radar móvil. Y ha estado muy activo: en total se señala que entre el curso pasado y el presente, Tetzel habría puesto más de 4.000 multas. Esto en una localidad de 21.000 habitantes.
Que estaba imponiendo las sanciones él mismo lo confirman, según el medio local UWK, fotos de lugareños que retratan a un agente con chaleco y trípode en el área del colegio. Ya huele mal teniendo en cuenta que los radares deberían ser de instalación fija y estar señalizados. Tampoco cumplió en cómo se notificaron: por carta postal. Lo que a su vez afecta a cómo pueden recurrirlas los conductores.
Las protestas de los muchos sancionados no se han hecho esperar, y miembros de la administración les están dando la razón tras investigar lo ocurrido. Es el caso del senador Caleb Kleinpeter. Al descubrir todas las ilegalidades cometidas por el agente con estas sanciones, confirmadas por el fiscal general de Luisiana, insta a los ciudadanos a no pagar las multas. También están estudiando como anular el resto ya impuestas. Además varias de ellas las habría aplicado el agente fuera de jurisdicción por zona, como demuestra la publicación en Facebook de la policía de un municipio cercano. Lo que incluye una autopista.
Lo más flagrante: a dónde ha ido a para la recaudación. Dado que el plan no se aprobó oficialmente ni había empresa alguna de dispositivos fijos, los ingresos se habrían repartido entre el agente de marras y un juez del distrito donde se ubica el municipio de West Baton Rouge: según publica The Drive, se calcula que unos 300.000 dólares nada menos. Un negociado muy rentable, pero le han pillado.