El Estado alemán de Baden-Württemberg ha anunciado su rechazo al mandato judicial que le obliga a prohibir los coches diésel en las calles de su capital, Stuttgart. La región apelará una decisión que se tomó en el pasado mes de julio y que implicaba que, a principios de 2018, la circulación de vehículos con motor diésel sería cosa del pasado.
Stuttgart es la capital del estado federado alemán Baden-Württemberg; es la ciudad más grande de Baden-Württemberg y la sexta de Alemania, y sede de gigantes como Daimler, Porsche y Bosch. Fue la denominada 'cumbre del diésel', celebrada en Berlín en agosto, la que puso sobre la mesa los argumentos de los principales actores de la industria automotriz y del Estado ante una guerra inminente contra los motores diésel. Los resultados, agridulces.
'Diésel', una palabra muy sucia
En julio, un juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo pidió una rápida prohibición de la circulación de vehículos diésel en Stuttgart; sentencia que fue apoyada por otro juez que dio la razón a su vez a una demanda presentada por la organización Deutsche Umwelthilfe (Ayuda para el Medio Ambiente alemán).
Baden-Württemberg, gobernado por una coalición de conservadores y ecologistas verdes, ya había dicho que estudiaría la decisión del tribunal, que considera que ésta es la única manera de cumplir con los estándares de emisiones de partículas de óxido de nitrógeno (NOx) de la Unión Europea y mejorar así la maltrecha calidad del aire de la región alemana.
Ante la posibilidad de sacar del mapa a 15 millones de vehículos, se acordó celebrar la cumbre del diésel con ministros y líderes estatales en Berlín ante el creciente nerviosismo de la industria de la automoción.
¿Conclusiones? La promesa de los fabricantes de actualizar 5,3 millones de vehículos diésel contaminantes, la proclama de "mejorar el diésel en lugar de prohibirlo" y la crítica de las facciones ecologistas, que resumieron los acuerdos alcanzados como "oxígeno a unos motores moribundos".
El escándalo del Dieselgate por parte del Grupo Volkswagen y los recientes cárteles destapados entre los fabricantes de automóviles y de camiones (este último zanjado hace unos días con multas récord) han puesto en el ojo de mira a la tecnología diésel, considerada por asociaciones como la ACEA como un mero puente hacia motores híbridos y alternativos.
Hasta que el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig se pronuncie, no será necesario que la prohibición (que exime a los servicios públicos) entre en vigor, por lo que la lucha por salvar una tecnología que muchos consideran moribunda, continuará, más aún en la cuna europea del diésel. Una palabra cuyo significado se asocia al mal de manera irremediable.