La fábrica del mundo tiene problemas, como todas las grandes economías del mundo a estas alturas. Sus coches eléctricos han dejado de ser rentables y su sector inmobiliario y motor económico está atrapado en un agujero sin precedentes, con una crisis de confianza entre los compradores tras una burbuja inmobiliaria descontrolada.
Esta crisis está presionando a los gobiernos locales chinos, que están recurriendo a artimañas poco éticas para dar margen a sus ahogadas finanzas. ¿Cómo? Poniendo a la policía a multar de forma indiscriminada e injustificada a sus ciudadanos.
Multa por contaminar el aire con el camión
Según detalla South China Morning Post, las autoridades provinciales del condado de She, en la provincia de Hebei, iniciaron su investigación después de que el conductor de un camión se quejara de haber recibido una multa de 500 yuanes (unos 64 euros) por "contaminar la carretera durante el transporte". Pero nunca recibió una notificación oficial de la sanción como dicta la ley.
La investigación concluyó que la policía había estado falsificando miles de firmas y huellas dactilares de presuntos infractores que no habían hecho nada. En total se estima que el 93 % de las multas que han estado poniendo son falsas, sacándose de la manga 1.964 infracciones que no se cometieron de las 2.099 investigadas.
Como castigo, cuatro agentes de tráfico fueron suspendidos y cinco altos funcionarios de la oficina "fueron castigados", detalla la cabecera asiática. La mala salud financiera de los gobiernos locales se considera uno de los principales riesgos para la economía china mientras lucha por deshacerse de los efectos de tres años de estrictas medidas de control sanitario tras la pandemia.
Y no solo se está viendo en multas fantasma, pues otra ciudad de la provincia de Hebei fue señalada por por imponer alrededor de 67 millones de yuanes en cargos indiscriminados a 2.547 empresas locales en aproximadamente dos meses para financiarse.
Mientras tanto, China continúa en negociaciones con la UE para tratar de calmar las aguas ante lo que sería un problema añadido para la industria automotriz del país: más aranceles a sus coches eléctricos a partir del 4 de julio.