El 1 de enero de 2023, a más tardar, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, además de los territorios insulares, tendrán que disponer de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Y para ello la DGT ha diseñado una indicación común, en forma de señal vertical, para señalizar este tipo de áreas restringidas al tráfico.
En las ZBE se discriminará al acceso de coches y vehículos por etiqueta medioambiental. Así, en la zona inferior de esta señal vertical, que se definió en junio de 2021, se indica "excepto vehículos autorizados", añadiendo el pictograma de diferentes distintivos.
En este ejemplo facilitado por la DGT se dejaba fuera a los coches de etiqueta B, pero esto no significa que se vaya a prohibir per se la circulación a los automóviles con este distintivo.
Los ayuntamientos determinarán qué vehículos vetan, como ya ocurre en las ZBE activadas
Según detalló Tráfico cuando estrenó esta señal, la misma informa de la entrada prohibida a vehículos de motor, excepto aquellos que dispongan del distintivo ambiental indicado por la entidad local en la parte inferior de la señal.
Es decir que la señal publicada por la DGT es un mero ejemplo y serán los ayuntamientos de estos municipios que deberán contar con una ZBE los que decidan qué coches discriminan. Y no tienen necesariamente que incluirse los de etiqueta B.
Tendremos por tanto un mapa heterogéneo de zonas acotadas al tráfico, algo que de hecho ya ocurre con las ZBE implantadas y en activo. En total casi 150 municipios deberán aplicar esta medida.
Por ejemplo la ZBE de Barcelona, que comprende toda la ciudad y parte de la periferia y está sujeta a horario y días de la semana, incluye en su señal que indica las ZBE tanto a coches de etiqueta ECO y CERO como de etiqueta B y C entre sus excepciones. Es decir que solo restringe el acceso a los que no tienen distintivo.
El ayuntamiento había previsto aplicar el veto este 2022 a coches de etiqueta B (a excepción de los residentes), pero finalmente no lo hará. Y de momento no hay fecha definitiva, ya que el calendario se irá modulando "en función de los resultados y la evolución de los niveles de calidad del aire", tal y como se señala en el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2019-2024.
Por otro lado, en Madrid hay dos ZBE en activo: la de Especial Protección de Distrito Centro y la de Plaza Elíptica. La primera prohíbe la circulación a todos los coches que no sean CERO o ECO y la segunda solo a los sin etiqueta, por lo que tanto los B como los C pueden circular.
Y la ZBE de Sevilla también discrimina solo a los vehículos sin etiqueta, además de que no es permanente y está sujeta a episodios de alta contaminación.
En definitiva, los consistorios diseñarán como ellos consideren sus ZBE y a qué coches y vehículos restringen el tráfico en ellas y en qué términos, pudiendo aplicar el veto o no a automóviles y vehículos de etiqueta B.
Vehículos de etiqueta B: el caso de los coches son los gasolina Euro 3 y los diésel Euro 4 y 5. En el de los camiones y autobuses se trata de los Euro 4 y 5 y en el de las motos los Euro 2.
La nueva multa de 200 euros
Además, en la nueva Ley de Tráfico se ha definido una nueva infracción grave por incumplir tanto las medidas aplicadas en las Zonas de Bajas Emisiones como en los protocolos activos por elevada contaminación. La misma entrará en vigor el 21 de marzo de este año, con el grueso de nuevas multas.
Dado que se trata de una infracción grave, aplicará la multa genérica en este tipo de faltas, que es de 200 euros.
No obstante, la DGT ha confirmado a Motorpasión que los ayuntamientos seguirán teniendo potestad para aplicar las sanciones (cuantías) que consideren según su normativa municipal.
Según, nos señaló Tráfico, el objetivo de incluirlo como infracción en la Ley de Tráfico es el de "unificar" este criterio a nivel estatal para que los ayuntamientos tengan "un paraguas común" a la hora de definir las sanciones.
Sea como fuere, por ejemplo en la ciudad de Madrid la aplicada ahora es de 90 euros, pero el consistorio ya ha confirmado que desde marzo subirá a 200 euros, acogiéndose a la nueva regulación. En Barcelona de momento se mantiene en 100 euros.
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