El caos circulatorio que sufre Madrid desde hace varios días con el cierre de los túneles de Plaza Castilla y Sor Ángela de la Cruz por filtraciones de agua parece no ver la luz. El mantenimiento y conservación de estos túneles corresponde a Dragados de forma íntegra por contrato: ante su deficiente hacer, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto dos expedientes contra la constructora por valor total de 900.002 euros.
Desde el 5 de marzo, Dragados se encontraba realizando tareas de reparación para poder restaurar la circulación del tráfico en los túneles de Plaza Castilla y Sor Angela de la Cruz a causa de las filtraciones de agua. Pero el trabajo de la constructora filial de de ACS, bajo supervisión municipal, no está siendo todo lo satisfactorio que debiera.
Si bien su apertura estaba anunciada para esta semana según informaba Europa Press, la agencia ha confirmado poco después que su operatividad aún está en el aire. De hecho, horas después del primer anuncio, el túnel de Plaza Castilla tuvo que ser cortado en su totalidad a causa de las fuertes lluvias y la consecuente agua que volvía a inundar el subterráneao.
Más de 900.000 de multa a Dragados por no cumplir contrato
El Consistorio madrileño ha recordado que las tareas de mantenimiento y conservación de estos túneles competen, según contrato, de forma exclusiva a Dragados. Según la alcaldía de la capital, los trabajos de reparación no están siendo ni ágiles ni satisfactorios, mientras que las funciones de mantenimiento las consideran "insuficientes y nulas".
A consecuencia de ello, el Gobierno de Carmena ha abierto dos expedientes contra Dragados: el primero, correspondiente al túnel de Sor Ángela de la Cruz, lo interponía a finales de febrero y, ahora, se suma el del túnel de Plaza Castilla. Cada uno de ellos recoge cuatro infracciones graves y se traducen en un importe de 450.001 euros, con un total de 900.002 euros.
Ambos expedientes incluyen además el secuestro temporal y parcial de la concesión a fin de que sea la administración madrileña la que se encargue de la reparación de las filtraciones en los túneles. La persistente negativa de Dragados ante la ordenanza municipal no ha dejado otra vía al Ayuntamiento, que ve como la ciudad está abnegada día sí y día también por la no operatividad de estos subterráneos.
Madrid podría extender expedientes al resto de túneles afectados
Entre los túneles afectados por filtraciones de agua, tanto el de Plaza Castilla como el de Sor Ángela de la Cruz y el de Pío XII son los que están recibiendo prioridad debido a su mayor incidencia sobre la movilidad madrileña. Así lo confirma el diario Público.
Dicha la publicación también ha asegurado que el Gobierno madrileño está estudiando la posibilidad de abrir más expedientes en relación al resto de túneles que está sufriendo incidencias a causa del agua.
Además de los mencionados y del túnel de Pío XII, tanto en sentido norte como en sentido sur, otros cuatro túneles han sufrido cierres a causa de las fuertes e insistentes lluvias este mes de marzo, aunque la situación es recurrente. Entre ellos se destacan el de Alfonso XIII, también en ambos sentidos, así como los de Comercio, Puerta de Toledo y Azca.
El asunto está en los tribunales y éstos no ayudan
Como bien publica El Mundo, ya son muchas las semanas en la que el cierre de los subterráneos madrileños están ocasionando un caos circulatorio en Madrid. Pese a los dos expedientes abiertos y ante el recurso presentado por Dragados, los tribunales han interpuestos medidas cautelares contra esta medida, lo que lejos de agilizar el problema, lo retrasa. El Ayuntamiento sostiene que la constructora no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales.
Tras la Junta de Gobierno realizada a principios de mes, Rita Maestre, portavoz de la misma, hacía alusión a las trabas que está poniendo Justica declarando que van a buscar medidas alternativas y contundentes para solucionar el problema lo antes posible.
Segun Mestre, "Dragados obstaculiza la realización de unas obras que son cruciales para la movilidad de Madrid. Respetamos las decisiones judiciales, pero están equivocadas porque consideran que no se trata de intervenciones urgentes y prioritarias cuando son muy urgentes y muy prioritarias".