El Gobierno cambia las normas para perseguir las ZBE 'fake' y obliga a los ayuntamientos a multar a los coches contaminantes

Antes de 2023. Esa era la fecha que puso el Gobierno en la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, para que los ayuntamientos de los municipios de más de 50.000 habitantes implantaran Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Eso equivale a 151 municipios, y desde entonces solo 68 lo han hecho.

Y de estos últimos, muchos han establecido ZBE sin multas y sin apenas restricciones, por eso el Gobierno ha aprobado un decreto para perseguir lo que llaman ZBE 'fake', o falsas.

El Gobierno lo tiene claro: sin multas las ZBE no son efectivas

El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto que pone cerco a todas las zonas de bajas emisiones que, o no se han implementado, o lo han hecho como si de una barra libre se tratara. Así que los 151 ayuntamientos que deben tener una zona libre de emisiones tendrán que aplicarla y empezar a multar a los coches contaminantes y "sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad". Esto significa que los periodos de gracia -sin multas- no podrán eternizarse.

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¿Cuándo entrará en vigor? Una vez que el Real Decreto-Ley se publique en el BOE, los consistorios deberán empezar a aplicarlo, así que los ciudadanos se vuelven a enfrentar a la incertidumbre de qué hará su ayuntamiento y cómo lo hará.

Los ayuntamientos que han aplicado sus propias leyes a las ZBE suelen argumentar que se trata de medidas discriminatorias, ya que obligan a los ciudadanos a adquirir vehículos nuevos. 

Es el caso de Vigo, donde su alcalde, Abel Caballero, aseguró en 2025 que habría ZBE pero sin multas, o Ciudad Real, donde Francisco Cañizares anunció que implementaría una ZBE a su manera: sin restricciones para ningún vehículo. Madrid también tiene una ZBE a medias, ya que se ha aprobado una ordenanza que permite seguir circulando a los coches sin etiqueta empadronados en la capital, mientras que en Valladolid el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la ha tumbado tras menos de un año de su entrada en vigor.

Imagen | Ayuntamiento de Valladolid

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