El próximo 1 de septiembre otras cuatro autopistas de peaje levantarán sus barreras, sumándose a las otras tres que dejaron de ser de pago a finales de 2018 y dos tramos más a principios de 2020.
Pero ya se sabe que el negocio de las concesionarias está diseñado para que nunca pierdan, por ello Abertis lleva pidiendo al Estado desde hace años una compensación por la AP-7 que ha ido incrementándose hasta superar los 4.000 millones de euros.
Una factura que no para de subir
Los tramos de la AP-7 de Salou (Tarragona)-La Jonquera (Gerona) y Montmeló-el Papiol (Barcelona) y el de la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell) han sido explotados durante décadas por Abertis a través de su filial Acesa.
Ya en mayo el Gobierno central estimó en casi 1.300 millones de euros la compensación a este gigante por ganancias que no ha recibido tras realizar una inversión en la que se le prometió beneficios.
Según pasa el tiempo, esa suma compensatoria se va inflando y ahora mismo supera los 4.000 millones de euros; una cifra bastante lejana a los 558 millones que invirtió Abertis en la construcción de 123 km de carriles adicionales en Tarragona y Girona.
El origen de todo ello se remonta a un convenio firmado en 2006 por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acordó que la empresa ampliara esas vías con cargo al aumento de tráfico que se preveía.
Así, Abertis, que pertenece a partes iguales al Grupo ACS y la italiana Atlantia, mantiene desde hace una década un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que el Estado cumpla con las compensaciones a las que se comprometió en 2006.
Y mientras se anuncia a bombo y platillo los beneficios que tendrá el fin de las autopistas de peaje para los conductores, los mecanismos de compensación entre los sucesivos Gobiernos y las concesionarias fulminan cualquier posible ahorro para el consumidor.
Porque al final, acabaremos pagando la compensación de Abertis de nuestro bolsillo.
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