Es oficial: el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta para prohibir la venta de vehículos nuevos con motores de combustión a partir de 2035. Ello supone que a partir de esta fecha no podrá comercializarse en la UE ningún turismo o furgoneta que emita gases contaminantes, lo cual no sólo sentencia a los tradicionales gasolina y diésel sino también a los híbridos.
Por tanto, elegir en el futuro la energía que utilizará nuestro próximo coche ya no será un problema: si lo compramos nuevo será eléctrico o de hidrógeno. Eso no quita que dentro de trece años no existan todavía un gran número de automóviles híbridos y de combustión en circulación, pero el aviso y su fecha de caducidad ya están fijados y no se vislumbra una vuelta atrás.
Con un total de 339 votos a favor, 249 en contra y 24 abstenciones, la Eurocámara respalda así las conclusiones de su Comisión de Medio Ambiente y consolida su postura sobre la transición al coche eléctrico.
No obstante, antes de que la propuesta se convierta en normativa comunitaria queda negociar los términos de esta última con cada país miembro. De ese consenso saldrá la ley definitiva, cuya aprobación se espera para este otoño.
La industria tendrá tiempo para adaptarse
La propuesta de Bruselas supone un adelanto de cinco años con respecto a sus intenciones originales, que en un principio estimaban establecer esta prohibición para 2040.
A pesar de haber reducido, en consecuencia, la ventana de tiempo para que los países europeos completen esta transición, la idea de los parlamentarios de la Eurocámara pasa por introducir objetivos intermedios que eviten problemas en la industria automotriz del continente.
Así el Pleno del Parlamento Europeo, junto con la prohibición total para 2035, ha aprobado también que en 2030 los turismos y comerciales ligeros nuevos reduzcan sus emisiones de CO₂ en un 55%. De este modo, se busca que los fabricantes dispongan del margen necesario para terminar de electrificar sus productos.
A este respecto los eurodiputados españoles, preocupados por el futuro de las fábricas de vehículos presentes en nuestro país, se han mostrado satisfechos con esta decisión.
En declaraciones a Europa Press, la representante de Ciudadanos Susana Solís ha recalcado que "hemos dado flexibilidad a los fabricantes de furgonetas ligeras, algo crucial para España ya que somos el primer productor de este tipo de vehículos en Europa".
Sin embargo en los planes de electrificación de la UE existe un importante escollo, el de la infraestructura de recarga. Lograr que para 2035 exista un número de cargadores equiparable (o superior) al de gasolineras es el objetivo principal del futuro Reglamento de Infraestructura de Carga, el cual se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo.
Una vez se apruebe, este reglamento obligará a los países miembros a instalar un cierto número de puntos de carga públicos que permita asegurar la correcta movilidad de los conductores de vehículos eléctricos.
