EEUU no quiere depender de nadie. Los semiconductores para su industria serán ‘made in USA’, al precio que sea

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de aprobar una ley que contempla 52.700 millones de dólares en subvenciones para potenciar la investigación y fabricación de semiconductores en Estados Unidos.

El objetivo es fomentar la competitividad de Estados Unidos frente a China, que acapara, junto con Taiwán, el 87% del mercado mundial de microchips, y poner remedio a la crisis de suministros actual a través de la producción local.

Más fábricas en suelo americano

Estados Unidos quiere poner fin, de una vez por todas, a la crisis de los semiconductores. ¿Cómo? Volviendo a apostar por el proteccionismo, esta vez a través de la denominada ley Chips. Fue probada hace unos días por el presidente Joe Biden y, precisamente, pretende reducir drásticamente la dependencia de China mediante el impulso de la producción local.

La ley Chips ha necesitado menos de un mes para ser aprobada a través de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos y supone un enorme impulso para la industria local porque incluye 52.700 millones de dólares en subvenciones.

Las ayudas están destinadas a la investigación en el campo de los semiconductores, no solo para la industria del automóvil, sino también para su aplicación en otros sectores como el de los electrodomésticos y los videojuegos. Y sí, también en el de las armas, no hay que olvidar que estamos hablando de Estados Unidos.

Además de las subvenciones aprobadas por la ley Chips, la Administración de Estados Unidos repartirá bonificaciones fiscales para las fábricas de semiconductores. El gobierno contribuirá asumiendo alrededor de un 25% de la inversión.

En total, serán otros 24.000 millones de dólares que irán a parar directamente a las industria estadounidense de semiconductores para construir nuevas plantas d o aumentar la producción en las que ya existen.

Meses atrás, cuando estalló la crisis de los semiconductores, Biden lamentó que en las últimas décadas los fabricantes de microchips se hayan marchado de Estados Unidos.

También reconoció que el país apenas invierte un 1% del PIB en la investigación y el desarrollo de este material, a pesar de lo valioso que es para sectores de vital importancia para el país, como la del automóvil.

Con la nueva ley, busca revertir la situación de los semiconductores, pero la Casa Blanca ha avisado de que el programa para fomentar la investigación y el desarrollo de semiconductores "incluirá una revisión rigurosa de las solicitudes, así como sólidos requisitos de cumplimiento y responsabilidad para garantizar que los fondos de los contribuyentes estén protegidos y se gasten de manera inteligente".

De estudiar cada caso y asignar los fondos se encargarán un consejo formado por 16 miembros del que formarán parte altos cargos del gobierno estadounidense, como los secretarios de Defensa, Comercio, Hacienda, Trabajo y Energía. Lo que no se ha desvelado es cuándo comenzarán a repartirse los 52.700 millones de dólares.

En unas declaraciones recogidas por Reuters, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, ha dicho: “Estamos comprometidos con un proceso que sea transparente y justo. Nos moveremos lo más rápido posible para desplegar estos fondos” y ha reconocido que el departamento de Comercio se ha preparado durante meses para poner en marcha este programa.

Con la nueva ley, Estados Unidos pretende volver a ser un país atractivo para las empresas, “robar” parte de la producción a China y, sobre todo, prepararse de cara al futuro. Una vez más, la solución es convertirse en sus propios proveedores, como hizo Stellantis a finales de 2021 con la ayuda de la tecnológica Foxconn.

En cualquier caso, solucionar la escasez de semiconductores no es una cuestión que se resuelva de la noche a la mañana. Se necesitan entre 18 y 24 meses para abrir una planta de semiconductores desde cero y a ese tiempo hay que sumar las semanas necesarias para ajustar la producción.

Mientras tanto, la crisis de los semiconductores sigue costando miles de millones a las empresas automovilísticas y el plazo de entrega de los coches nuevos continúa siendo un grave problema para la mayoría de fabricantes.

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