El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo es la total desacarbonización de la economía española. La normativa contempla una batería de medidas enfocadas a la introducción de energías renovables y a la eficiencia energética, así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, poniendo fecha límite a los vehículos ligeros de combustión.
2050: esa ha sido la fecha marcada por el texto del nuevo marco normativo, aún en borrador, para la descarbonización al 100 % de la economía española, al son de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. El anteproyecto de ley será sometido a información pública hasta el 22 de marzo para su posterior aprobación definitiva.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, ha presentado en rueda de prensa las líneas generales en las que se articula la embrionaria normativa, que se planteará en dos fases: una con fecha para 2030 y otra para 2050.
La primera se marca el objetivo de reducir al menos en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación a los niveles de 1990, así como conseguir que el 70 % de la electricidad generada en España provenga de energías renovables y que el 35 % de la energía final consumida proceda de fuentes renovables.
La segunda fija, entre otras medidas, la completa descarbonización del parque de vehículos en lo que toca a turismos e industriales ligeros, así como la exigencia de instaurar zonas de bajas emisiones en todos aquellos municipios con más de 50.000 habitantes.
En 31 años, todos los automóviles y furgonetas deberán ser cero emisiones
Según ha expuesto Ribera, el transporte representa el 26% de las emisiones contaminantes, suponiendo concretamente el 42,1% de las de óxidos de nitrógeno (NOx). Es por ello que uno de los principales focos se ponen en los automóviles, así como en las furgonetas, que representan la mayor parte de vehículos que circulan por las urbes españolas.
De esta manera, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que, en 2050 todo el parque de turismos y vehículos industriales ligeros deberá ser libre de emisiones de CO₂. Algo a lo que ya se ha adelantado Baleares, que acaba de aprobar una ley autonómica que prohibirá la circulación de coches nuevos diésel para 2025 y de gasolina para 2035.
Además, como paso intermedio, la normativa pretende que la totalidad los coches y furgonetas nuevos comercializados emitan 0 g/km de CO₂ "no más tarde de 2040", lo que se traduce en que deberán ser eléctricos o de pila de combustible. Esto ya lo había adelantado el gobierno socialista cuando presentó el proyecto a finales de 2018 y que generó no pocas voces en contra por parte del sector de la automoción.
Por ello, Ribera asegura que el Ejecutivo acompañará a la industria automovilística con una serie de medidas que faciliten la penetración en el mercado de vehículos con este tipo de mecánicas, lo que se sumará a la creación de una Mesa de la Movilidad con todos los actores implicados.
La patronal de fabricantes de automóviles (Anfac) no ha tardado en dar respuesta a la aprobación del anteproyecto emitiendo un comunicado donde aseguran que "una prohibición taxativa a los motores de combustión tendrá un fuerte impacto negativo en la demanda, fabricación y futura adjudicación de nuevos modelos a la industria española".
De igual manera, la normativa contempla que el Gobierno deberá elaborar una 'Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada', que se encargará de analizar la desigualdades de acceso al transporte de cero emisiones.
Zonas de bajas emisiones para las ciudades y electrolineras
Por otro lado, entre las medidas recogidas en el texto normativo y que afectan al transporte por carretera, se incluye además la exigencia de que cualquier municipio español con 50.000 habitantes o más deberá disponer de una zona de bajas emisiones con 2023 como fecha límite.
Actualmente, Madrid y Barcelona ya cuentan con áreas restringidas a vehículos contaminantes pero, de aprobarse definitivamente esta nueva ley, también deberán sumarse otras urbes de nuestro país a cuatro años vista. Asimismo, el borrador recoge que las ciudades españolas deberán facilitar el uso de la bicicleta y mejorar el transporte público, a fin de reducir la dependencia del coche.
Por último, el nuevo marco regulatorio obligará a las gasolineras y estaciones de servicio que, en 2017, tuvieron un volumen anual de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 10 millones de litros a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos con una potencia igual o superior a 22 kW. La medida sólo afectará por tanto a estaciones de alto volumen, aunque en el aire quedan muchas dudas por responder en materia de impuestos e implantación.
