El gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid llega a su fin. Previsiblemente, será sustituida por José Luis Martínez-Almeida (Partido Popular), para lo que será necesario el apoyo de Ciudadanos y Vox.
Los tres partidos del frente conservador han utilizado el cese de Madrid Central como uno de sus principales argumentos contra la ahora alcaldesa en funciones pero, ¿realmente es posible cumplir esa promesa de revertir la zona de bajas emisiones de Madrid? ¿Qué consecuencias tendría? Desde un punto de vista legal, tanto de cara a Europa como al propio gobierno de España, no será tarea sencilla.
La propuesta electoral del Partido Popular (PP), Ciudadanos (C's) y Vox de erradicar Madrid Central (matiz arriba, matiz abajo) se topa de frente con la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en octubre de 2018 (en la que la zona de bajas emisiones de la capital era el proyecto estrella), así como con el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático también aprobado y con las exigencias de reducción de emisiones fijadas por la Unión Europea.
"A partir de mañana se acabó Madrid Central", aseguraba Javier Ortega Smith, candidato a la alcaldía por Vox, en su comparecencia con los resultados de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo aún en caliente. Un órdago que es improbable que se cumpla, primero porque aún no se ha formado el nuevo ejecutivo municipal (previsiblemente lo hará en poco más de quince días) y segundo porque, más largo plazo, requiere de una serie de procedimientos legales para hacerse realidad.
Madrid Central, un proyecto ya aprobado por Europa que ha evitado una multa millonaria
En plena campaña electoral en una entrevista concedida a Ethic, Inés Sabanés, aún delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, fue meridianamente clara al respecto de suspender Madrid Central ante un posible cambio de gobierno en el consistorio: "Son pautas obligatorias que debe seguir una ciudad como la nuestra que, durante más de diez años, ha incumplido los valores límites de contaminación fijados por la Unión Europea y por la Organización Mundial de la Salud".
Además, la concejala de Ahora Madrid recordó en dicha entrevista que acabar con la zona de bajas emisiones requeriría de un proceso legal y que debería contar con el visto bueno en Europa. "Esa propuesta ya está presentada y avalada (Madrid Central), así que cualquiera que, en un hipotético caso, quisiera modificar medidas o estrategias, lo primero que tendrá que hacer es conseguir que lo apruebe la UE. Todo tiene que pasar por un proceso y existen unas obligaciones que van más allá de Madrid".
La propia alcaldesa Manuela Carmena también ha recordado en no pocas ocasiones que el proyecto de Madrid Central, como también otros aspectos recogidos en la Ordenanza de Movilidad Sostenible o el protocolo antincontaminación revisado y endurecido por Ahora Madrid hace un año, sirvieron para que España se librara de una sanción económica por incumplir los niveles de contaminación.
Según recoge el texto publicado por la Comisión Europea sobre la calidad del aire en el Viejo Continente, nuestro país es uno de los 13 miembros pendientes de sanción por infringir los niveles de NO₂ en las ciudades (con Madrid y Barcelona como principales protagonistas) y también uno de los tres estados que se ha librado gracias a estos proyectos de reducción de emisiones. La multa, según el ayuntamiento madrileño y como recoge Madridiario, se cifraba en unos 500 millones de euros, pudiendo partir de los 6,8 millones de euros según los baremos de la UE.
"En lo que respecta a la República Checa, Eslovaquia y España, las medidas que se están implementando o planificando, tal como se comunicaron a la Comisión después de la Cumbre Ministerial de Calidad del Aire, parecen poder abordar adecuadamente las brechas identificadas, si se implementan correctamente".
Por otro lado, el hecho de que España esté en moratoria no significa que esté libre de multa: "la Comisión seguirá supervisando de cerca la aplicación de estas medidas, así como su eficacia para corregir la situación lo antes posible".
Así, una vez se forme la nueva alcaldía, si realmente quieren acabar o revertir Madrid Central, se deberá elaborar un nuevo proyecto fundamentado en estudios que demuestren que la medida de la zona de bajas emisiones no era efectiva y acompañarlo con nuevas propuestas fundamentadas.
La Ley de Cambio Climático exigirá más zonas de bajas emisiones
Por otro lado, suprimir Madrid Central también está en discrepancia con el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de este año y que recoge una serie de medidas para hacer frente a la contaminación en España.
El texto definitivo aún no ha sido aprobado pero, a diferencia de Madrid (comunidad y ayuntamiento), en las elecciones generales se impuso el bloque progresista por lo que el nuevo Gobierno, será seguramente revalidado por el PSOE, ya sea en solitario o en coalición, con una buena ensalada de pactos posibles. Y esto significa que la normativa tiene muchas papeletas, sino todas, para salir adelante.
Y de nuevo hay que mirar más arriba, porque esta ley responde a los compromisos de España para con la Unión Europea en materia de descarbonización. Este borrador se compromete a la reducción de emisiones con dos fechas en el horizonte (2030 y 2050), para lo que propone medidas que afectan al parque de vehículos (completa descarbonización para 2050), a la infraestructura (obligar a gasolineras de alto volumen a instalar puntos de recarga para coches eléctricos) y a las propias ciudades.
En este último aspecto es donde entraría en discrepancia con el cese de Madrid Central. En base al argumento de que el 70 % de las emisiones de CO₂ en España provienen de las grandes urbes, el texto insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a "fomentar la introducción medidas de lucha contra el del cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023".
Es decir, la nueva regulación estaría contemplando que el modelo de Madrid Central se replique en otras ciudades españolas, más allá de la capital o de Barcelona, que también dispone de una zona de bajas emisiones que afecta a toda su corona metropolitana. Son lentejas, que diría el refranero popular: el margen de maniobra es escaso si queremos cumplir con los límites fijados por Europa y no recibir sanción.
Siendo Madrid de las pocas ciudades que ya disponen de zonas restringidas al tráfico, si el nuevo gobierno del ayuntamiento erradica Madrid Central, estaría incumpliendo dicha normativa, si es que la versión definitiva recoge esta medida finalmente. Pero teniendo en cuenta que es la dirección que están tomando las principales ciudades europeas, es previsible que se incluya en el texto final.
Por último, la nueva alcaldía, dado que el proyecto de Madrid Central está recogido en Ordenanza de Movilidad Sostenible recién aprobada. Al ser la normativa municipal de mayor rango, cualquier enmienda que se haga sobre el mismo exigirá la aprobación en mayoría absoluta de la cámara del ayuntamiento, lo que se prevé complicado ante un pleno bastante fragmentado.
En resumen...
Madrid Central es un proyecto presentado ante la UE y aprobado por el organismo comunitario, que ha servido para que España se libre de una multa millonaria por incumplir los límites de emisiones desde 2010. Según el procedimiento sancionador del ejecutivo europeo, ésta se cifra a partir de los 6,8 millones de euros.
Revertir Madrid Central requiere por tanto de la elaboración de un nuevo proyecto, fundamentado en un estudio, y que recoja nuevas propuestas que demuestren su efectividad en comparación con el proyecto puesto en marcha por Manuela Carmena.
Madrid Central es una de las principales propuestas de la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en octubre de 2018. Suprimir la zona de bajas emisiones requerirá de una enmienda que necesitará del apoyo mayoritario de un pleno muy dividido.
- El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, ya aprobado, contempla acciones para la descarbonización en España, que de nuevo responden a las exigencias fijadas por Europa en materia de reducción de emisiones. En éste se recoge, entre otras medidas, la de imponer zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes. Actualmente, sólo Madrid y Barcelona disponen de zonas restringidas al tráfico: eliminar Madrid Central entraría en discrepancia con esta normativa.