El Presidente de Chile, Gabriel Boric, está decidido a nacionalizar el litio del país, que es el segundo productor a nivel mundial de este metal esencial para los vehículos eléctricos.
Según Boric, su objetivo con este movimiento es “impulsar la economía nacional y proteger el medio ambiente”, pero hay mucho más en juego. Sin los recursos ni el apoyo necesarios para explotar sus recursos, podría conseguir el efecto contrario al que persigue.
El afán por los beneficios del litio y sus consecuencias
Pese a que el precio del litio lleva meses en caída libre tras batir todos los récords en 2022 sigue estando muy cotizado. Y además, la fiebre por el ‘oro blanco’ en plena electrificación de la industria del automóvil a nivel global está disparando también la demanda de otros materiales esenciales para las baterías actuales como son el cobre o el níquel.
Muchos expertos apuntan a que, a medida que vayan desapareciendo los motores de combustión la demanda del litio seguirá subiendo exponencialmente, y si para entonces la oferta no la supera, el precio lejos de estabilizarse volverá a subir. Según datos de la Agencia Internacional de las Energía (IRENA), de cara a 2030, solo en Europa “se necesitará hasta 18 veces más litio del actual”. Para 2050 la cifra sube a casi 60 veces más.
En este contexto, tanto las compañías mineras como los gobiernos de los países ricos en reservas litio, aceleran cada vez más sus estrategias para mantener bajo control la cadena de suministro de las baterías y de paso, maximizar beneficios.
Con el fantasma de una posible escasez en el horizonte a medio plazo, por la complejidad y el tiempo que se tarda en extraer este material de su medio (sobre todo en el caso de Chile y de México, que se ha de extraer de la roca o a partir de salmueras) incluso los grandes fabricantes están empezando a hacer sus primeras incursiones en el mundo de la minería.
Uno de los ejemplos más recientes de las medidas proteccionistas que están surgiendo en torno a las reservas de litio lo encontramos en México, cuyo presidente hace dos meses decidió nacionalizar sus minas “para que no las puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos”.
Pero ahora ni tiene los recursos propios para explotarlo ni encuentra muchas empresas dispuestas a ceder a sus condiciones y compartir ganancias.
Aunque con matices (lo denominan “estrategia nacional” y no nacionalización pero al final es lo mismo), ahora Chile quiere seguir sus pasos y también tiene el mismo problema: no podrán extraerlo y producirlo sin ayuda.
La política para el desarrollo del litio anunciada por el Ejecutivo chileno apunta a una nueva institucionalidad en la que exista una colaboración público-privada, aunque el control (y por ende, los jugosos beneficios) siempre quede en manos del Estado y no de las empresas, como hasta ahora.
Es decir, ahora el Estado pasará a tener una participación mayoritaria en las compañías que se propongan extraer litio en el país.
Aunque según Reuters, Chile no rescindiría los contratos actuales, sí espera que las empresas “estén abiertas a la participación estatal” antes de que caduquen. Los principales productores de litio en el mundo, Albemarle y SQM, tienen como fechas límite 2043 y 2030, respectivamente.
Este anuncio ha generado desconfianza en los inversores que apuntan a que “resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama” y las caídas en bolsa de las principales mineras chilenas, como la polémica SQM, no se han hecho esperar.
El movimiento responde a que los mayores beneficios asociados al litio no provienen de su extracción (relativamente barata, más en el Salar de Atacama), sino de los procesos necesarios para su transformación para que pueda formar parte de las baterías que alimentan a los vehículos eléctricos.
Y a las principales empresas mineras de Chile no les interesará seguir extrayendo este mineral si la mayor parte de los beneficios van a parar directamente a las arcas del Estado.
En este punto, hemos de recordar que en la actualidad, los principales productores de “oro blanco” son tres: Australia, China y Chile (aunque China sigue controlando la cadena de suministro).
Es importante señalar también que los recursos totales y las reservas disponibles no son lo mismo: cuando son reservas disponibles, es que su extracción y producción es económicamente viable.
Según afirmaba el magnate minero Robert Friedland a Bloomberg, “los gobiernos son mineros ineficientes,” y para Chile sería mucho mejor animar al sector privado a invertir, añadiendo “que las políticas nacionalistas poco meditadas corren el riesgo de hacer descarrilar la verdadera transición hacia una energía limpia”.
Ante la posibilidad de que el gobierno chileno niegue ahora a grandes mineras como Rio Tinto, Teck o BHP la posibilidad de entrar en el jugoso negocio del litio chileno barato, Friedland piensa que "no acabará bien”.
La nacionalización del litio en Chile no solo es una medida que pueda generar controversia en el ámbito político y económico. A fin de cuentas, el litio es un recurso estratégico esencial en la transición hacia la electrificación y el país sudamericano es líder en reservas mundiales de este mineral.
Así, que el gobierno chileno quiera asumir el control estatal de la producción y comercialización del litio sin los recursos ni el apoyo necesarios no solo podría errar en su objetivo de conseguir un impulso para la economía nacional, sino que también podría tener un posible impacto en el mercado internacional de los vehículos eléctricos y las baterías.