Finalmente, el caso Diselgate en España pasará a manos de la justicia alemana: el pasado viernes 24 de noviembre, Ismael Moreno, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, acordaba la transmisión del caso a las autoridades judiciales germanas.
Con ello, se da carpetazo al asunto en nuestro país, quedando los afectados en manos de la Fiscalía de Braunschweig, organismo que lleva el caso del escándalo de las emisiones en Alemania y que ya ha condenado a la marca este verano a pagar 1.000 millones de euros entre la multa (5 millones) y la devolución de beneficios económicos (995 millones de euros).
Esto significa que los más de 700.000 perjudicados en España, de los que, según la Asociación de Afectados por Volkswagen sólo han reclamado un 8% de los mismos a través de la plataforma, sólo tendrán el periodo de alegaciones que se abre ahora para reclamar sus derechos ante la justicia española. Una vez termine este plazo, el caso será definitivamente trasladado a Alemania.
Tal y como detalla la asociación, los afectados por el Dieselgate en nuestro país, podrían tener derecho a una indeminización entorno al 10% y 20% del valor del vehículo en el momento de la compra, por lo que recomiendan a estas personas que inicien actuaciones penales antes de que el caso quede cerrado por vía penal en España.
"España mira para otro lado"
El presidente de la Asociación de Afectados por Volkswagen, Antonio Heredero, se ha mostrado muy sorprendido por "las prisas" que ha mostrado la Audiencia Nacional por "quitarse de encima el caso". Así lo ha dejado patente en un comunicado emitido por esta plataforma. Sin embargo, dejan de manifiesto que esto no supondrá un escollo para la asociación, que estará dispuesta a recurrir y defender los derechos de los perjudicados ante la justicia alemana.
"Todos los miembros de la agrupación tendrán su compensación económica aunque tengamos que ir a defenderla a Alemania, a Bruselas o a donde haga falta", asegura Heredero.
Por otra parte, la asociación lamenta que la justicia española se desentienda de esta manera del caso, acusando a la administración de mirar para otro lado cuando se trata de defender los derechos de los consumidores frente a los grandes poderes económicos: "ha ocurrido a hace unos días con el tema de las hipotecas y la banca y ocurre con el Dieselgate".
Heredero recuerda además que la Dirección General de Tráfico se ha limitado a "recomendar a los afectados que accedan a la solución planteada por Volkswagen, que consiste en quitar el trucaje del motor, sin tener en cuenta que esto convierte al vehículo en más contaminante y que tenga muchos problemas mecánicos".
Alemania está en mejor posición para investigar
Como ya habíamos adelantado hace un mes, la Audiencia Nacional considera que la autoridad alemana se encuentra en mejor posición para investigar el caso. Así lo recoge el auto emitido el pasado viernes que ha sido publicado por Europa Press.
Se acuerda la transmisión del presente procedimiento, en relación al conjunto de personas investigadas en el mismo, a las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto a la Fiscalía de Braunschweig, con remisión de testimonio de todo lo actuado en la presente causa, así como de esta resolución debidamente traducida al idioma alemán, sirviendo la misma de denuncia conforme a las prevenciones del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 y Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre Estados miembros de la UE de 29 de Mayo de 2000.
Y es que las investigaciones realizadas en España se han dado de frente con las autoridades alemanes, que ya se había ofrecido a asumir la competencia de todos los casos a causa de la elevada cantidad de documentación recabada por la Fiscalía de Braunschweig. En definitiva, trasladar el caso al epicentro del escándalo, como ha ocurrido en otros países europeos, evita mucha burocracia a la justicia española.
