Donald Trump será el nuevo Presidente de los Estados Unidos. Elon Musk contribuyó de forma notable en su campaña electoral, tanto a nivel financiero, como con su presencia en diferentes mítines y, sobre todo, en su red social X, la antigua Twitter. La victoria de Donald Trump es también la de Elon Musk.
Musk, que ya goza de una enorme influencia sobre el gobierno federal gracias a los contratos de Space X, Tesla o Starlink con más de una docena de agencias federales, podría incrementarse aún más si Trump lo pone finalmente al frente de la “comisión de eficiencia del Gobierno”. Esta entidad ideada por Musk y que Trump prometió darle, tendría por misión vigilar, y recortar si es preciso, en qué el gobierno federal se gasta el dinero. Es decir, en sus propias empresas, al mismo tiempo que podría recortar el presupuesto de las agencias que vigilan o han demandado a sus empresas.
¿Quién vigilará a los vigilantes?
La influencia y el poder que puede tener Elon Musk desde su posición de hombre más rico del mundo y con el control sobre una de las redes sociales más utilizadas en el mundo occidental no es nada en comparación con la influencia que pueda tener al frente de una agencia federal con la misión de recortar el gasto del gobierno federal. El New York Times ha detallado de forma muy gráfica hasta qué punto Elon Musk ya influye sobre el gobierno federal.
“La influencia de Elon Musk sobre el gobierno federal es extraordinaria y extraordinariamente lucrativa. El año pasado, sus empresas obtuvieron 3.000 millones de dólares en casi 100 contratos diferentes con 17 agencias federales”, recuerdan desde el diario.
Space X, sin duda, es la empresa que a día de hoy y dicta el camino a seguir en la exploración del espacio. SpaceX tiene contratos por valor de al menos 15.400 millones de dólares con la NASA, el Departamento de Defensa y una decena de agencias federales. Así, el ejército confía en Elon Musk para poner en órbita la mayoría de sus satélites, mientras que es Space X y no la NASA quien dicta el calendario de lanzamientos de cohetes.
Los contratos por valor de 352.000 dólares que tiene Tesla con el Gobierno son irrisorios frente a SpaceX, y a veces extraños, como la compra por parte de Tesla de vehículos tácticos para la embajada estadounidense en Islandia. Sin embargo, los incentivos federales para la compra de un coche eléctrico ayudan a vender los Tesla, que ha vendido más de 161.000 coches en Estados Unidos en el tercer trimestre de 2024. Recordemos que los compradores de un coche eléctrico para uso privado en Estados Unidos gozan de una reducción sobre el impuesto de la renta de 7.500 dólares.
La relación de las empresas de Elon Musk con las agencias federales no se limita a una relación puramente comercial. También son muchas las agencias que investigan o han demandado a alguna de sus empresas.
En el caso de Space X, por ejemplo, la Administración Federal de Aviación retrasó durante semanas un lanzamiento de prueba, en parte debido a las dudas sobre los daños que SpaceX había causado a la fauna cerca de su centro de lanzamiento de Texas. Obviamente, no gustó a Elon Musk.
Pero de sus empresas, la que más está siendo investigada es, por supuesto, Tesla. La NHTSA, la DGT estadounidense, ha abierto cinco investigaciones a Tesla, entre otras cosas por quejas de frenazos inesperados, pérdida de control de la dirección y accidentes mientras los coches estaban en modo Autopilot. Un sistema que la NHTSA considera como favorecedor de accidentes por su mal uso previsible.
Por otra parte, Tesla ha intentado bloquear al menos dos resoluciones de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, incluida una que castigaba a Musk por tuitear que los trabajadores de la fábrica perderían sus opciones sobre acciones de la marca si se afiliaban a un sindicato.
Las empresas de Elon Musk se enfrentan a más de una veintena de demandas, investigaciones, multas y demás requerimientos en total. Sólo Tesla tiene un contencioso abierto con siete de ellas. Si controlase el presupuesto de todas esas agencias, es probable que muchas de ellas mirarían hacia otro lado.
“Es totalmente razonable creer que lo que Musk aportaría a esta auditoría federal es su propio arsenal de prejuicios, rencores e intereses financieros”, aseguraba en el New York Times Kathleen Clark, una abogada de ética que ha servido como asesora de la oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia.
A pesar de las reglas que impiden que Elon Musk pueda acceder a dirigir esa comisión por conflictos de intereses más que evidentes, si es que se llega a crear, no sería un problema para Elon Musk. De hecho, ya ha convencido a Donald Trump de apoyar al coche eléctrico.
Al fin y al cabo, Musk donó más de 118 millones de dólares para la campaña a favor de Donald Trump. Sería ilusorio pensar que lo hizo únicamente por convicción política, que también, y que no espera nada a cambio.
