El diario británico The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), acaban de destapar los “Uber Files” o “Papeles de Uber”: más de 124.000 archivos que revelan, presuntamente, cómo la compañía de VTC burló las leyes, engañó a la policía, explotó la violencia contra los conductores y presionó a los gobiernos durante su agresiva expansión global.
En cinco años de investigación para revelar estas tácticas turbias, han participado más de 180 periodistas de 44 medios de comunicación de 29 países diferentes: en España, forman parte de esta extensa red la cadena La Sexta y el diario El País.
La 'pirámide de mierda': esta era la estrategia de expansión de Uber
En la investigación denominada “Uber Files”, que se ha llevado a cabo desde 2013 a 2017, se han recopilado más de 83.000 correos electrónicos y otros miles de archivos relacionados con conversaciones de tres portátiles y cuatro iPhones.
Un total de 182 gigabytes de información que han revelado importantes trapos sucios, que incluyen cientos de conversaciones de WhatsApp entre el entonces cofundador de la compañía californiana, Travis Kalanick, y su equipo de directivos de confianza, a menudo muy explícitas y sin adornos.
El ICIJ, responsable también de otras investigaciones como la de los ‘Papeles de Panamá’ y The Guardian han coordinado una nutrida red de periodistas por todo el mundo que han analizado estos documentos durante meses para revelar cómo Uber utilizó la fuerza bruta para llevar su servicio de taxi a tantas ciudades de todo el mundo, incluso si eso significaba violar las leyes.
Su mantra era “es mejor pedir perdón que permiso” y su estrategia, cuanto menos agresiva, generaba la autodenominada “pirámide de mierda” como revelan algunos de los mensajes descubiertos.
Y es que en lugar de partir del tradicional proceso burocrático de obtener licencias o buscar modificar la regulación sobre los servicios de taxi y transporte de pasajeros antes de operar, la compañía pasó directamente a ofertar precios bajos para atraer a los clientes del taxi.
Su llegada al mercado supuso tanto una crisis regulatoria en muchos países como social, y ejemplo de ello son Polonia e incluso España. Además, reclutó el respaldo de figuras poderosas en países como Francia (donde en sus inicios contaban con el favor del propio Macron), Rusia, Italia y Alemania ofreciéndoles preciadas participaciones financieras en la puesta en marcha y convirtiéndolos en "inversores estratégicos".
Así, querían forzar a las autoridades a una regulación favorable a sus intereses toda vez que los clientes de cada país en cuestión se hubieran acostumbrado al servicio.
Solo en 2014 Uber lanzó la aplicación en 31 países, pasando de ser una empresa con sede en San Francisco (EE.UU.) a estar presente en medio mundo. Todo gracias a enormes cantidades de dinero provenientes de inversores como Jeff Bezos (fundador de Amazon), o Goldman Sachs.
Las presiones de Uber a jueces españoles y Mariano Rajoy
Uber llegó a España en abril 2014 mediante una marca diferente (UberPop) y su primer desembarco fue en Barcelona (hasta septiembre de ese año no empezó a operar en Madrid).
Los VTC estuvieron funcionando por la capital solo tres meses, lo que tardó el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, en ordenar el cese de operaciones el 9 de diciembre tras un recurso presentado por la Asociación Madrileña del Taxi para bloquear su expansión ilegal.
Según La Sexta, la ofensiva judicial provocó una inmediata reacción en las oficinas europeas de Uber, y el responsable de Políticas Públicas de la compañía en nuestro continente, Mark MacGann, preguntó a otros directivos por la posibilidad de “ignorar el auto” de Sánchez Magro.
"¿Qué pasa si ignoramos la orden y seguimos operando en el país?", escribe MacGann en un correo interno de la compañía. “¿Hay alguna base para rebatir la autoridad de este juez (conocido por meterse en casos controvertidos con decisiones judiciales ridículas que son desautorizadas en instancias superiores) a través de otro juzgado?”, pregunta a sus colegas.
En su auto, el juez ordenaba el “cese y prohibición en España de la prestación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros en vehículos” de Uber, el cierre de su página web y de la app, además del bloqueo de empresas de telecomunicaciones que trabajaban con ellos.
Los directivos de Uber empezaron a presionar al juez: “Ya lo hicimos a través de una comunicación no formal y lo haremos de nuevo, oficialmente”, se decían en correos.
Además, se reunían con compañías de telecomunicaciones implicadas en el auto de Sánchez Magro para que expresasen ante el magistrado “la dificultad de llevar a cabo el bloqueo ordenado”.
Pero el de Sánchez Magro solo era un nombre más. Las gestiones de Uber para conseguir el beneplácito gubernamental y de otros poderes de nuestro país a una actividad que puso a los taxistas en pie de guerra se remontan a los pocos meses de la llegada de Uber a España.
De acuerdo a la investigación, la lista incluye 131 nombres claves, entre ellos de responsables del sector del transporte en España a los que tenían que convencer para garantizar las operaciones en el país.
Los ministros de Empleo y Hacienda Fátima Báñez y Cristóbal Montoro; el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal; diputados, jefes de asociaciones de consumidores, directivos del sector tecnológico… y por supuesto, Mariano Rajoy.
Jim Messina, ex-asesor del presidente estadounidense Barack Obama y director de una firma de consultoría, fue contratado presuntamente por Uber para reunirse en julio de 2015 con Mariano Rajoy, entonces al frente del Gobierno de España. "Sería muy útil decirle a Mariano Rajoy que podemos traer empleos e ingresos fiscales, si tan siquiera alguien en su partido nos escucha…", le decía MacGann en un correo.
Sin embargo, fuentes cercanas a Mariano Rajoy negaron la reunión con Messina, asegurando que nunca se vio con "intermediarios ni lobistas", ya que eran sus ministros quienes se encargaban de sus respectivos ámbitos.
Uber no cesó en sus presiones hasta que en 2016 se pasó del modelo de conductores ciudadanos particulares a operar bajo licencias VTC.
La frase que escribió la jefa global de comunicaciones de Uber, Nairi Hourdajian, a un colega en 2014 (cuando trataba de cerrar la entrada de la empresa en Tailandia e India), lo resume a la perfección: "a veces tenemos problemas porque, bueno, es que somos jodidamente ilegales".
En un comunicado en respuesta a la filtración, Uber ha admitido "errores y pasos en falso", pero asegura que “se ha estado transformando desde 2017” bajo el liderazgo de su actual director ejecutivo, Dara Khosrowshahi.
“No tenemos ni daremos excusas por el comportamiento pasado que claramente no está en línea con nuestros valores actuales”, dijo. “En cambio, le pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y lo que haremos en los próximos años”.