La Plataforma en Defensa del Sector Transporte (asociación que representa a transportistas autónomos y pymes) ha decidido volver a convocar un paro nacional indefinido a partir del próximo lunes 14 de noviembre a las 00:00 h, como el que llevó a cabo el pasado mes de marzo.
Si bien en la forma el nuevo paro tiene muchas similitudes con el anterior, en el fondo es algo distinto. Y es que pese a que se entonces se llegó a un acuerdo entre Ejecutivo y transportistas, ahora Plataforma denuncia que este no se está cumpliendo.
Repasamos cuáles son ahora sus reivindicaciones, qué postura mantiene el Gobierno y las posibles consecuencias de un paro de transportistas a un mes de las Navidades en un contexto económico ya de por sí complicado.
"La ley no se cumple", dice Manuel Hernández
El nuevo paro convocado por la Plataforma se sometió a votación de las delegaciones integrantes de la asociación este fin de semana y ha salido adelante por los votos de una mayoría del 86 %.
En una rueda de prensa que se ha llevado a cabo para anunciar este nuevo paro de los transportistas de la Plataforma, Manuel Hernández (a la cabeza de la Plataforma) ha dicho que “de nada vale hacer una ley si luego no se controla y no se tiene la voluntad de que se lleve a cabo”.
Estas declaraciones hacían referencia tanto a al RDL 14/2022 (en lo relativo a a costes), como al RDL 3/2022 (respecto a carga y descarga), que llevan meses en vigor, tras los acuerdos alcanzados entre Gobierno y transportistas después del primer paro.
En este sentido, mientras que en marzo fue el aumento del precio del diésel una de las principales motivaciones para la convocatoria de un paro que se alargó durante 20 días, ahora la protesta se centra en “la falta de control para que se cumpla la Ley” que garantiza que los transportistas no trabajen a pérdidas, según Hernández.
En ambos textos legales ya se recogen algunas de las principales reivindicaciones de los transportistas. Entre otras, los principios para evitar que trabajen a pérdidas, la prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga, la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una o la cláusula obligatoria de revisión de los precios en función de la evolución del coste del combustible.
Además, esta medida y el resto de las pactadas entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera meses atrás, se recogieron también en el marco del 'Plan de Choque de Respuesta a la Guerra'.
El principal problema ahora es que la Plataforma no está de acuerdo con el sistema de control establecido para la normativa, ni “con las exenciones y asimetrías que están introduciendo”.
Por ello, desde la asociación de transportistas se exige que el Gobierno garantice bajo acuerdo firmado la colaboración de las correspondientes autoridades para el control. Que según ellos, para el RDL 14/2022 son la Guardia Civil en Carretera, la Inspección de Transporte en las empresas y el Ministerio de Hacienda en cuanto a contabilidad.
En cuanto al control de que se cumpla lo establecido en torno a la carga y descarga del RDL 3/2022, piden que se lleva a cabo mediante autoridades como la Guardia Civil, la Policía Local y la Inspección de Transporte.
También piden que se recalculen las partidas de costes como amortización del vehículo, financiación del mismo, personal, consumo de combustible y Ad blue, mantenimiento, etc. para todo tipo de transporte y que se endurezcan las sanciones para los cargadores que no cumplan la Ley. Concretamente “piden sanciones de entre 70.000 y 90.000 euros”.
Además desde la Plataforma dicen “sentirse engañados y abandonados por los responsables de hacer cumplir las Leyes, más y cuando la actitud de la propia Inspección de Transporte va en sentido contrario”. Afirman que si los legisladores no introducen los cambios sugeridos por ellos en la normativa, que consideran mal redactada, llevarán el paro a término.
El paro no tiene apoyos en un sector que sigue claramente dividido
Como ya sucedió el pasado mes de marzo con el primer paro, no todo el sector de transportes apoya la convocatoria de la Plataforma en Defensa del sector del Transporte liderada por Manuel Hernández. Y es que lejos de buscar una visión común, el sector del transporte hace tiempo que se encuentra dividido.
De hecho, ni la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ni el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) van a secundar este nuevo paro.
En concreto, y según el comunicado que ha publicado recientemente el CNTC, se desmarcan de esta convocatoria “siendo consciente de las dificultades que las empresas y profesionales de nuestro sector continúan sufriendo”, pues siguen apostando por la negociación con el Gobierno como el único camino válido para lograr avances.
En el texto ponen en alza los acuerdos ya alcanzados “que responden a reivindicaciones históricas del sector” como la prohibición de la realización de las labores de carga y descarga por parte del conductor, la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, la reducción de los tiempos de espera, la devolución mensual del gasóleo profesional o la Ley de la Cadena de Transporte.
🔴 ATENCIÓN: Comunicado del #CNTC ante la convocatoria de #paro ⬇️
— Confederación Española de Transporte de Mercancías (@CetmTransporte) November 7, 2022
Un paro indefinido no es la solución a los problemas de los #transportistas y las asociaciones que formamos parte del Comité seguiremos apostando por la negociación con el Gobierno. https://t.co/pnsiQKDJFy pic.twitter.com/PGSPrTYREO
Desde el CNTC, consideran que “un paro indefinido no es la solución” e insisten en que el diálogo con el Ministerio de Transportes será el que permita la consecución de los objetivos anteriormente descritos.
Sin embargo, también señalan que son conscientes de que “aún queda mucho por hacer”, citando cuestiones tan importantes como la limitación de la subcontratación, la falta de profesionales en el sector o el cumplimiento de los tiempos de espera, “para el que ya se ha puesto en marcha una aplicación con el objetivo de que el MITMA pueda comprobar si se está cumpliendo con la legislación”.
El Gobierno no cierra la puerta a una nueva reunión con Plataforma
Dejando a un lado las reivindicaciones y diferencias del sector del transporte, ante la posibilidad de un nuevo paro como el que ya vivimos hace meses es inevitable preguntarse si nos quedaremos o no sin alimentos en los supermercados en vísperas de las festividades navideñas.
O peor aún, sin combustible en las gasolineras, cuando además los precios ya están empezando a dispararse.
Respecto a la escasez, en principio no apunta a que sea así, ya que el grueso de transportistas, que se integran en el Comité Nacional (incluyendo asalariados de grandes compañías, pero también medianas y pequeñas, así como autónomos), no se ha unido a la protesta.
En cuanto a lo segundo, lamentablemente parece que los combustibles ya han empezado una escalada de precios que se espera aún peor de cara a finales de año. Haya paro, o no.
Independientemente, desde la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), con José Manuel Álvarez al frente, ya se ha pedido a los transportistas que en un momento complicado como el que vive el mercado actual “dejen fuera del paro al sector agroalimentario”.
Además, asociaciones agrarias como COAG y UPTA también han reclamado más seguridad para evitar los incidentes y "episodios violentos" que ya afectaron al funcionamiento de la cadena alimentaria en marzo.
Las peticiones de la Plataforma fueron trasladadas al Ministerio de Transportes en una misiva con fecha del 31 octubre y firmada por el propio Manuel Hernández, en la que se solicitaba una reunión con el mismo.
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, además de hacer “un llamamiento a la responsabilidad” ha reconocido su preocupación ante otro parón en el sector del transporte y ha ensalzado que el Gobierno ha cumplido todos sus compromisos “para impedir que trabajen por debajo de los costes y para mejorar sus condiciones”.
También ha recalcado que su Ministerio "está ultimando un plan de inspección donde se refuerzan los mecanismos de inspección”, que se presentará en las próximas semanas.
Mientras tanto, también ha recordado que actualmente “ya existe un sistema de denuncia” que puede activarse si se detectan situaciones en las que se incumple la ley: “Es absolutamente imprescindible hacerlo para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones”. Estas pueden llegar hasta los 4.000 euros.
De momento, el Gobierno no ha anunciado una nueva reunión con Plataforma. Sin embrago, la Ministra Raquel Sánchez, ha dicho en una entrevista que “el Gobierno no tiene ningún problema” en reunirse con los representantes de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte y ha asegurado “que hará lo necesario para evitar que finalmente se produzcan los paros”.
