La falta de consenso amenaza el plan del Gobierno de instaurar a partir de 2024 un modelo de pago por uso de vías de alta capacidad.
Este paso atrás se acaba de confirmar tras las declaraciones del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las que asegura que la nueva Ley de Movilidad Sostenible no incluye ninguna medida vinculada con la entrada en vigor de nuevos peajes.
Si bien el presidente del Gobierno ha asegurado que esta ley "hará avanzar a España hacia un nuevo modelo de transporte de movilidad", todo apunta a que no incluirá la implantación de peajes.
La Ley de Movilidad Sostenible, que se votará y aprobará el próximo 1 de marzo, contempla, entre muchos otros puntos, una revisión de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y medios de transporte. En las 72 páginas de esta ley, la palabra "peaje" no aparece ni una sola vez. Tampoco el concepto de pago por uso.
En concreto, se pretende encontrar una fórmula publico-privada que permita el mantenimiento de la infraestructura:
"Incorporar al ordenamiento jurídico los preceptos que permitan establecer un sistema de financiación del transporte basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, de forma que se logre un funcionamiento correcto de los distintos sistemas y se minimice la incertidumbre en la financiación anual de los costes de funcionamiento".
También se planeta una revisión de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y medios de transporte.
Según anunció en enero la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "la Ley de Movilidad supone la puesta de los medios necesarios para descarbonizar el transporte, combatir el calentamiento global y mejorar la calidad del aire de las ciudades.
Y entre ellos no se encuentran los polémicos peajes. Según fuentes de la Administración recogidas por El País, Sánchez, ha pospuesto la presentación del proyecto a Bruselas "incluso hasta la próxima legislatura", ante la falta de consenso.
Aún sin nada que se acerque a un borrador, el modelo que más peso tiene es el de la viñeta anual: una tarifa plana que podría rondar los 80 euros y que estaría apoyada por una red de cámaras.
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