Audasa, la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9), no será compensada por las pérdidas ocasionadas por el estado de alarma y las posteriores restricciones de la pandemia. Reclamaba 46,1 millones de euros.
Pero el Tribunal Supremo ha dictado sentencia rechazando su recurso: considera que las pérdidas económicas de esos meses no pusieron en peligro la viabilidad económica de esta empresa. Y es que aunque rebajó en 2020 sus beneficios casi un 30 %, cerró el año con ganancias 33,7 millones euros: apenas 8 millones de euros menos que en 2019.
"El reequilibrio consiste en garantizar su continuidad"
El estado de alarma, decretado entre marzo y junio de 2020, trajo consigo la drástica reducción de los desplazamientos por carretera. Lo que a la postre se tradujo en que las autopistas de peaje cobraran mucho menos dinero ante la bajada de usuarios. Desde entonces, varias concesionarias han denunciado reclamando indemnizaciones, que han sido denegadas por la justicia.
Ya en 2020 Audasa, anunció que iba a solicitar compensaciones por la bajada de ingresos ocasionada por las restricciones de movilidad. Algo que contamplaba la normativa que regía las medidas de la pandemia:
La situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso. (Artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020)
Pero el Tribunal Supremo ha considerado que "la base de ese reequilibrio no consiste en que el concesionario gane siempre todo lo que espera, sino en garantizar la continuidad del contrato de concesión cuando alguna circunstancia comprometa gravemente su equilibrio económico". Así lo recoge en su sentencia, publicada por Praza.gal.
Audasa reclamaba en su recurso 46,1 millones de euros, aunque admitía la reducción de la indemnización a 28,5 millones en caso de que no aceptaran la primera cantidad requerida. En todo caso, no percibirá compensación alguna.
La concesionaria esgrimió en su recurso argumentos como la inconstitucionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno, así como discriminación o pérdida de derechos consolidados. También puso en cuestión la propia normativa que regulaba la compensaciones, considerando muy restrictivas las condiciones que debían cumplirse para recibirlas.
El Supremo ha rechazado estos argumentos, pero sobre todo estima que "la pérdida momentánea de ingresos durante un breve período" no se puede considerar que haya alterado la economía de la concesionaria o la continuidad de la misma. También exponen que Audasa "confunde el interés público con el interés de su empresa y sus empleados".
Más de 80 millones de euros de beneficio en 2023. Si bien la concesionaria de la AP-9 firmó resultados negativos en el primer trimestre de 2020 (entre enero y junio), acabó cerrando el año con un beneficio neto de 33,7 millones de euros: 8,6 millones de euros menos de los ingresados en 2019 (42,3 millones de euros).
Y entre 2021 y 2023 no ha dejado de incrementar sus ganancias: en 2021 su beneficio ascendió a 50,7 millones de euros, en 2022 a 66,1 millones de euros y el año pasado rubricó una cifra récord de 82,6 millones de euros.
La AP-9 une Ferrol con Portugal y en uno de sus tramos es de las autopistas más caras de España: entre Coruña y Santiago de Compostela supone más de 10 euros, un trayecto habitual por esta carretera para evitar la nacional. El peaje es notable si tenemos en cuenta que entre Ferrol y Tui, el precio completo es de unos 25 euros.
