En 2021 varios tramos de la Autopista del Mediterráneo o AP-7 se liberalizaron. Pero esta subida definitiva de las barreras no fue gratuita. Como bien es sabido, existe un mecanismo de compensaciones a las concesionarias por el tráfico que ha dejado de facturar, y Abertis (Acesa), que ha estado muchos años gestionando la AP-7, ha pedido nada menos que 4.000 millones de euros al Estado Español.
Pero el Tribunal Supremo desestimado la petición de la concesionaria y obliga a la Administración a pagar únicamente 33 millones de euros en concepto de liquidación de costes. Un buen revés y una buena noticia para los contribuyentes.
Abertis recurrirá el fallo, aunque no ha hecho mucha mella en sus cuentas
El concepto de las autopistas de peaje es simple: si me sale bien, voy a ganar mucho dinero. Si me sale mal, pagas tú. Así, llevamos décadas desembolsando dinero público para rescatar autopistas de peaje en quiebra o que no han cumplido sus previsiones de tráfico. De hecho, Abertis, que pertenece a partes iguales al Grupo ACS y la italiana Mundys, mantiene desde hace una década un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que el Estado cumpla con las compensaciones a las que se comprometió en 2006.
Pero este fallo del Tribunal Supremo arroja algo de luz:
"Lo único a compensar, según la interpretación a la que llegamos de lo pactado por las partes en el Convenio de 2006, son las obras realmente ejecutadas, pero no la reducción del tráfico en la autopista, salvo el ocasionado por los desdoblamientos de la N-II y N-340", recoge la sentencia.
Esto significa la Justicia estima la demanda de Acesa por la realización de obras de ampliación por un importe de 32,9 millones de euros, y no los 4.000 millones que reclamaba. En una nota de prensa publicada por la concesionaria, asegura que "está estudiando, en defensa de sus legítimos intereses, las posibles vías de impugnación".
Según los datos que ha hecho públicos, la Sentencia sobre la compensación de tráfico es un varapalo, pero no deja sus cuentas vacías: supone una pérdida contable neta de provisiones de unos 250 millones de euros, pero supone un ingreso de caja neta de unos 65 millones de euros para la compañía. Así, teniendo en cuenta otros ingresos extraordinarios, el impacto neto en el resultado de Abertis en 2023 será de sólo unos 29 millones de euros.
Un mecanismo de compensación para que 'la banca' siempre gane
El motivo del desembolso económico responde, en pocas palabras, a una indemnización fruto de un acuerdo por el que el Gobierno instó a la concesionaria a realizar una inversión que le revertiría a la postre en mayores beneficios. Esas ganancias nunca llegaron y ahora reclaman su compensación.
El origen de todo ello se remonta a un convenio firmado en 2006 por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acordó que la empresa ampliara esas vías con cargo al aumento de tráfico que se preveía.
A fin de que Abertis se cubriese las espaldas, se introdujo una cláusula para compensar a la compañía si no se lograban esos flujos al acabar la concesión. Así, si el margen de la concesionaria resultaba negativo, se sumaba a las inversiones a la hora de establecer una compensación. Si era positivo, se restaba. Se trata de la llamada cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración.
Acesa, por tanto, realizó obras de ampliación y mejora en estos tramos de la AP-7 y aplicó descuentos en sus peajes confiando en que el aumento del tráfico esperado compensaría esos gastos. Pero finalmente, esas halagüeñas previsiones no se alcanzaron, y vamos a pagar 33 millones de euros como mínimo. Porque Abertis tiene más reclamaciones abiertas.
Foto | Jorge Franganillo
