Mucho hemos hablado de Madrid Central, convertida en arma arrojadiza en una batalla política, pero Madrid no es la única capital de nuestro país que se enfrenta a la dura problemática de reducir la contaminación en sus calles.
Desde la Comisión Europea ya nos han dado un toque de atención, instándonos a tomar medidas adicionales aludiendo a posibles multas si nos quedamos de brazos cruzados. Entre las ciudades en el punto de mira está Barcelona (pero no es la única), la cual ha planteado hasta ahora muchas intenciones y pocas medidas efectivas.
Barcelona tiene preparada una ordenanza similar a la de Madrid Central, pero en la que no hay una zona de exclusión para coches en función de su tipo de propulsión. Esta ordenaza prevé que el tráfico en la casi totalidad de la ciudad quedaría limitado en horario laboral de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas a los vehículos más contaminantes, es decir, los que no tienen derecho a etiqueta medioambiental.
A diferencia de Madrid Central, esta medida afectaría a la práctica totalidad de la ciudad y algunos barrios de municipios circundantes a las rondas, como los de Sant Adrià del Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Quedarían excluidos los barrios verdes y poco poblados del norte (como Vallvidrera), la Zona Franca del puerto y las dos rondas.
La señalización en las rondas anunciando la prohibición de entrada a los coches sin etiqueta lleva instalada más o menos un año, pero la medida no se hará efectiva hasta el 1 de enero de 2020. Mientras tanto, el consistorio propone como medidas aplicables rápidamente más carriles bici, nuevas supermanzanas, recogida de residuos selectivos y poco más.
Entre las medidas que siempre están en el aire, pero que hasta ahora no se habían planteado en serio, sería la del peaje urbano, al estilo londinense, y cuya viabilidad han comenzado a estudiar su viabilidad.
No solo sirve reducir el tráfico, también hay que adoptar medidas en el puerto
La problemática de Barcelona en cuestión de contaminación es un tanto diferente a la de, por ejemplo, Madrid. Y es que Barcelona está encajonada entre el mar al este y las colinas al noroeste. Y en ese reducido espacio tienen que circular los coches, los camiones que van y vienen del puerto -exclusivamente por la Ronda Litoral-, los barcos y de cierto modo los aviones, ya que una de las rutas de aproximación al aeropuerto del Prat pasa por encima de Badalona y de Barcelona.
Ya sabemos que unos pocos cruceros son responsables de los elevados niveles de óxido de azufre así como de emisiones de CO₂ y de partículas finas en el Mediterráneo. Pero si se ha puesto el foco sobre los cruceros es por su visibilidad, no podemos olvidar que el carburante de los barcos de mercancía puede estar compuesto por hasta 3,5 % de azufre mientras que el de los cruceros hasta 1,5 %.
Y Barcelona recibe al año más buques de mercancía que cruceros. En 2018, el puerto de Barcelona acogió más de 8.200 buques de mercancía frente a los 829 buques de pasaje
Una de las medidas de las que se ha hablado, pero que probablemente no llegue a prosperar, es la de frenar el crecimiento del puerto y del aeropuerto. Es decir, iría en contra de los planes de ampliación de estas dos infraestructuras y del crecimiento económico que se espera al ampliar puerto y aeropuerto.
¿Podemos entonces temer una posible sanción?
Sí, nos arriesgamos a una multa, no hay duda. A la Comisión Europea no le tembló el pulso el año pasado para llevar a los tribunales europeos a Francia, Alemania y Reino Unido por no respetar los valores máximos de dióxido de nitrógeno (NO₂) y sobre todo por no haber tomado medidas adecuadas para limitar su incremento. Y España, junto con otros países, está bajo la atenta mirada de Europa por eso mismo, por la falta de medidas.
De hecho, la Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno de España instando a tomar medidas concretas y efectivas para reducir los niveles de contaminación. La comisario Karmenu Vella explica en su carta que se deben tomar medidas adicionales para cumplir con los compromisos adquiridos por España en materia de contaminación para el año 2020.
