Si quisiéramos, podríamos sacar como mínimo un noticia a diario acerca de, al menos, una empresa de la industria del motor relacionada con casos de trucaje de motores diésel. La caja de pandora se abrió en 2015 tras el Dieselgate de Volkswagen, y a partir de ahí toda la industria automotriz ha estado en el punto de mira.
A las sospechas de actividades de falseo de emisiones contaminantes de Fiat Chrysler, Renault SA y el grupo PSA se unen a General Motors (demandado por más de 700.000 propietarios), Daimler y Bosch (relacionados con el caso de General Motors), estos dos últimos bajo investigaciones de la fiscalía alemana y los tres bajo el paraguas del Dieselgate. En este entramado no se salva nadie.
705.000 motores Duramax de General Motors bajo lupa en Estados Unidos
Por un lado, tenemos las acusaciones más de 705.000 propietarios estadounidenses de la camioneta diésel con motor Duramax de General Motors, que afirman que el gigante de Detroit ha instalado al menos tres dispositivos de desactivación en dos modelos de esta línea de 2011 a 2016. Los modelos en concreto son el Chevy Silverado HD y la GMC Sierra HD. La demanda fue presentada el jueves en una corte federal.
La queja, de 190 páginas según los informes, hace referencia a la demanda de Volkswagen 83 veces, y sugiere que el daño ambiental causado por General Motors podría ser mayor que el del protagonista del Dieselgate. Los supuestos dispositivos manipuladores permitían a los vehículos pasar inspecciones de emisiones en Estados Unidos, a pesar de que según los informes superaban en cinco veces el límite legal en la carretera.
General Motors se ha defendido afirmando que las acusaciones no tienen fundamento y que lucharán por demostrar la falsedad de los hechos. De ser hallada culpable, la automotriz podría enfrentarse a un golpe similar al del escándalo de los bombines defectuosos, que se saldó con multas de miles de millones de euros.
Ahora las cosas podrían empeorar aún más ya que en abril el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la apelación del grupo automovilístico para intentar bloquear las demandas de los clientes en relación con el fallo en el interruptor del dispositivo de arranque de sus modelos anteriores a 2009. Se calcula que las demandas podrían alcanzar un valor de unos 10.000 millones de dólares (9.433 millones de euros).
Bosch y Daimler, también en el ajo
Por otro lado tenemos al proveedor de tecnología Robert Bosch GmbH, que ha sido nombrado como co-demandado por los consumidores que presentaron la demanda en el caso de General Motors. En dicha demanda se describe a Bosch como “un participante activo y consciente en el esquema para evadir las normas de emisiones”.
En Estados Unidos, Bosch acordó pagar principios de este año 327,5 millones de dólares a los propietarios de vehículos afectados en el escándalo Dieselgate por su papel en el desarrollo de motores afectados por las emisiones de engaño.
La oficina del fiscal de Stuttgart inició una investigación en 2015 para determinar si el personal de Bosch estaba involucrado en la manipulación de las pruebas de emisiones por parte de Volkswagen, aunque siempre se ha escudado en que no es responsable de cómo los fabricantes integran sus componentes en los vehículos.
La fiscalía alemana anda también tras Daimler AG, empresa propietaria de Mercedes-Benz, Maybach y Smart, en el marco de las investigaciones del fraude de los motores diésel trucados, según informa El País. La policía alemana ha registrado más de una decena de dependencias de Daimler, aunque en marzo ya había trascendido que la fiscalía de Stuttgart investigaba a sus empleados, sospechosos de “fraude y de publicidad engañosa”.
Vía | Automotive News
