La cita previa se convirtió en un requisito casi indispensable durante la pandemia: el objetivo era evitar aglomeraciones y dosificar al máximo la afluencia de público en las administraciones. Una forma de proceder que se ha quedado pero que retrasa los trámites que necesitan ser abordados cuando no es posible conseguir esa cita previa, como ocurre con la DGT.
En este escenario, el Gobierno quiere garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos presencialmente sin que se les exija haber conseguido una cita previa.
Según adelanta El País, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha comunicado en el Congreso de los Diputados su intención de reformar la ley. El objetivo es, cita la cabecera, "prohibir expresamente que los organismos públicos puedan exigir a los ciudadanos una cita previa para ser atendidos por la Administración".
El siguiente paso del Gobierno es trasladar esta prohibición a la ley y debatirla en el Parlamento para que pueda ser aprobada.
Aunque el 94 % de los trámites de la DGT se pueden hacer de forma telemática, ya sea por teléfono -060-, Sede Electrónica o en la aplicación móvil AppmiDGT, no hay que olvidar que hay segmentos poblacionales que no pueden hacerlo, bien por su desconocimiento de las nuevas tecnologías (como es el caso de nuestros mayores), o por no tener acceso a ellas.
Según la OCU, pedir cita previa para cambiar la titularidad de un vehículo es uno de los trámites más difíciles para el usuario, que con frecuencia se encuentra con el mensaje “el horario de atención al cliente está completo para los próximos días. Inténtelo más tarde”.
Actualmente este trámite solo se puede hacer de forma presencial (si el interesado tiene 65 años o más no tendrá que pedir cita previa) o a través del registro electrónico. A excepción de la solicitud de permisos para mercancías peligrosas y el canje de permisos, todas las gestiones relacionadas con el permiso de conducir del titular o del vehículo pueden hacerse de forma telemática.
