"Nadie va a parar Madrid Central". Las propuestas de Pedro Sánchez para el automóvil y la movilidad
Durante la primera sesión del debate de investidura celebrada ayer, Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del Gobierno, presentó la batería de propuestas que pretende abordar durante su mandato si, finalmente, se hace efectivo.
En lo que toca al automóvil y movilidad los puntos giran en torno a dos ejes principales: la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible nacional, la cual se desarrollará en parte mediante el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción, así como la lucha contra la contaminación en entornos urbanos, sobre varios de los puntos recogidos en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
Hoy se votará en pleno en el Congreso de los Diputados la candidatura socialista. Tras una jornada donde los grupos progresistas no mostraron total entendimiento, es previsible que en esta primera votación, Sánchez no consiga la mayoría absoluta, por lo que se realizará una segunda el próximo jueves en la que sólo necesita mayoría simple para gobernar.
Así, uno de los escenarios probables es que se ponga en marcha la nueva legislatura con el PSOE al frente en una posible coalición con Unidas Podemos, el otro partido mayoritario del bloque progresista. Y las propuestas presentadas por el candidato que competen a la industria del automóvil y la movilidad, giran en torno a la descarbonización, el avance tecnológico y la reducción de emisiones. Las repasamos.
Replicar Madrid Central en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes
Llevar la iniciativa de Madrid Central a las ciudades más pobladas del país. La capital es la única urbe española que dispone de una zona de bajas emisiones dentro del municipio, aunque Barcelona ya está elaborando un proyecto similar mediante ordenanza que restringirá el acceso a los vehículos más contaminantes y que, en su caso, afectará a toda la ciudad.
Esta propuesta presentada por el candidato a la presidencia del Gobierno no es nueva, pues es uno de los puntos que recogía el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático aprobado en febrero. De esta manera, en esta normativa embrionaria, se insta a los municipios de más de 50.000 habitantes (un total de 145 en España) a instaurar zonas de bajas emisiones con el horizonte puesto en 2023.
Esto se traduce que, en un margen de cuatro años, dichas localidades deberán contar con zonas que restrinjan el acceso a los vehículos más contaminantes. De replicar el modelo de Madrid Central, esto se materializaría en la prohibición de circulación a vehículos sin etiqueta (aunque Madrid Central tiene una serie de excepciones) así como atar en corto a los de combustión (con etiqueta C o B): en el caso de la zona de bajas emisiones madrileñas, sólo pueden acceder si van directos a estacionar en un parking público.
En este documento redactado por el partido socialista, y presentado ante la Unión Europea (UE) como parte del compromiso de España para reducir los niveles de contaminación, se argumenta que casi el 70 % de las emisiones de CO₂ se produce en las ciudades, con Madrid y Barcelona a la cabeza.
Sánchez ilustró la propuesta con críticas directas hacia el nuevo Ayuntamiento de Madrid que, mediante la aprobación de una moratoria de multas suspendió de facto Madrid Central, aunque fue reactivado sólo una semana después tras la suspensión cautelar de un juzgado que admitió a trámite el recurso presentado por asociaciones ecologistas.
"Nadie va a parar Madrid Central", ha asegurado el aún presidente en funciones, defendiendo que no puede haber "pasos atrás" en las políticas de protección del medio ambiente. Asimismo, Sánchez tildó de "irresponsabilidad absoluta" renunciar "al derecho de los ciudadanos a respirar aire limpio", así como de exponer a España a una sanción desde Bruselas. Todo ello, obviando que el consistorio madrileño está trabajando en un plan alternativo a Madrid Central con restricciones para toda la ciudad.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la suspensión de las multas por acceder indebidamente a Madrid Central ha llegado a oídos de la Comisión Europea (CE), que no ha tardado en volver a exigir a España más medidas para combatir la contaminación, considerando insuficientes las adoptadas hasta la fecha.
Como recoge eldiario.es, el PSOE quiere que España se sitúe a la vanguardia de mediante una respuesta multilateral frente al desafío de la crisis climática, señalando que nuestro país está singularmente expuesto. Y es que España es uno de lo estados europeos que se encuentra en moratoria de multa por incumplir los límites de emisiones fijados por la UE desde hace más de diez años.
Impuesto al diésel y fomentar la fabricación y compra de vehículos eléctricos
Por su parte, otra de las propuestas que ha puesto el candidato sobre la mesa es la de crear "una estrategia y una Ley de Movilidad Sostenible" nacional la cual debe reconocer y garantizar "el derecho a una movilidad eficaz, intermodal y conectada, avanzando de la mano del sector industrial".
Entre otras, esta propuesta de normativa, incluye el Plan Estratégico Integral del Sector de la Automoción, que es a su vez otra de las proposiciones redactadas antes de la disolución de las cortes el pasado mes de marzo. Éste tiene proyectado ponerse en marcha entre 2019 y 2025 e incluye varios puntos:
La Constitución de una Mesa de Movilidad Sostenible que reúna al sector en su conjunto, teniendo en cuenta toda la cadena de valor. En dicha Mesa se coordinarán medidas a medio y largo plazo que favorezcan un nuevo modelo de movilidad compatible con el compromiso del Gobierno con la transformación digital y la transición ecológica.
Revisión de la fiscalidad para definir una nueva fiscalidad verde, más orientada al uso, que favorezca la reorientación a una movilidad con menores emisiones contaminantes y profundice en una mayor armonización con la fiscalidad europea.
En este punto se recogería la intención de equiparar el diésel a la gasolina en materia de impuestos, una medida ya anunciada el año pasado, que supondría elevar el precio de este combustible en un 28,6 %, lo que se traduce en un incremento de 9,55 céntimos más por litro.
Impulso de las inversiones, especialmente orientadas a la inversión en I+D+i y a la producción en España de modelos más sostenibles. En otras palabras, que las fábricas automovilísticas españolas acojan la producción de vehículos de mecánica alternativa, con el acento puesto en modelos eléctricos o de cero emisiones.
Apoyo a una mayor penetración de vehículos de cero y bajas emisiones, a través de medidas de estímulo de la demanda, nuevos planes de achatarramiento e implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos para garantizar una cobertura adecuada. En definitiva, activar planes de ayuda (como el MOVES) para facilitar la transición a un parque móvil de cero emisiones contaminantes, que incluyan tanto incentivos a la compra como achatarramiento de vehículos antiguos.
- Refuerzo de la Formación Profesional Dual y de la vinculación de la empresa con la Universidad. Lo que se a su vez se articularía en dos frentes: mejorar la difusión de la información relativa a las demandas del sector industrial en general, y de la automoción en particular, e impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de programas formativos en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus siglas en inglés) que aúnen formación y prácticas o trabajo en empresas, concentrando especialmente los esfuerzos en las subdisciplinas relacionadas con la digitalización y la transición ecológica.
Es decir, mejorar la preparación de profesionales adaptados a las nuevas tecnologías, a fin de que la industria española no se quede atrás en el desarrollo y fabricación de vehículos alternativos.
¿Y qué hay de la descarbonización del parque de vehículos?
En su batería de propuestas, Sánchez no ha hecho alusión de forma directa a uno de los puntos más polémicos contemplados en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático que supondrá el veto definitivo para los vehículos de motor térmico.
En dicho texto se recoge que, en la senda hacia la descarbonización para 2050, a partir de 2040 quedará prohibida la venta de vehículos nuevos que no sean cero emisiones, mientras que en 2050 todo el parque de turismos y vehículos industriales ligeros deberá ser libre de emisiones de CO₂.
Y es como expuso en su momento Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, el transporte por carretera representa el 26% de las emisiones contaminantes, suponiendo concretamente el 42,1% de las de óxidos de nitrógeno (NOx). De ahí que el acento se ponga tanto en comerciales ligeros como en automóviles, que representan la mayor parte de vehículos que circulan por las urbes españolas.
Esta propuesta, no formulada ayer (más allá de leer entre líneas movilidad sostenible y de señalar la lucha sin cuartel contra la contaminación), encontró no pocas voces en contra por parte del sector automovilístico, ya que, según la patronal de fabricantes Anfac,"una prohibición taxativa a los motores de combustión tendrá un fuerte impacto negativo en la demanda, fabricación y futura adjudicación de nuevos modelos a la industria española".
Posteriormente, este sector también exigió al Gobierno ahora en funciones, que firmarían el acuerdo de automoción siempre que contemplase la neutralidad tecnológica y no discriminatoria con los motores térmicos, así como el reconocimiento de vehículos de combustión modernos (menos contaminantes en comparación a los antiguos) para su uso y compra.
Una materia que seguramente esté en suspenso, por lo que el candidato a la presidencia ha optado por dejar de momento de lado. Así, la puesta en marcha de todas estas medidas dependerá de si hace efectiva o no la renovación del gobierno socialista.
