A mediados del mes pasado la Fiscalía de Múnich registró las principales instalaciones de Audi por una investigacón sobre el trucaje de sus motores diésel, poniendo en el punto de mira al CEO de Audi, Rupert Stadler. El personal de la Fiscalía entró en la sede del grupo automovilístico en Ingolstadt, en Baviera, en su fábrica de Neckarsulm, en Baden-Wurtemberg y en la sede en Wolfsburgo de Volkswagen.
La investigación se centraba en la venta de 80.000 vehículos vendidos en Estados Unidos entre 2009 y 2015. El grupo alemán elevó una queja al respecto que ha sido rechazada por una corte de Múnich: pretendían bloquear el uso de esa información dentro de la investigación sobre el engaño en las emisiones.
Durante los registros, cerca de 100 oficiales buscaron las agendas personales, calendarios, cuadernos de notas e incluso tarjetas de memoria en los teléfonos móviles de 47 trabajadores, inclusive las de Stadler y Matthias Müller. El grupo alemán ha declarado que utilizará todas las vías que tenga a su alcance para rebatir las acciones de la Fiscalía, entre ellas, tratar de impedir que el material que se confiscó el 15 de marzo sea utilizado en su contra.
La batalla legal en la que aún está inmersa la firma alemana ni mucho menos ha terminado. Volkswagen tendrá que hacer frente al pago de otros 157 millones de dólares por reclamaciones medioambientales. En 2016 fue sentenciado a pagar 603 millones a 44 estados de Estados Unidos, pero la última sentencia amplía el número a 10 más ya que estados como Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts y Nueva York han emprendido nuevas acciones legales.
Esto asciende la cantidad a otros 157 millones de dólares, de los cuales Nueva York recibirá 32,5 en lo que se convertirá en la mayor multa por contaminación del aire en la ciudad. Además de la parte financiera del acuerdo, Volkswagen tendrá que lanzar al menos tres nuevos vehículos eléctricos en los 10 estados a los que afecta el acuerdo para 2020, incluyendo dos SUV.
En enero, el expresidente de Volskwagen, Martin Winterkon, ya fue investigado por la Fiscalía alemana por ser sospechoso de ocultar información sobre el fraude de emisiones. Pese a haber dimitido por el Dieselgate, Winterkon percibirá una pensión de 1,2 millones de euros anuales.
Vía | Automotive News | Carscoops
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