La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha ordenado a Nissan a pagar 2.420 millones de yenes (unos 20 millones de euros) por no informar debidamente de la remuneración de expresidente Carlos Ghosn y otros altos ejecutivos durante años.
Según explica Japan Times, la multa es la segunda más alta impuesta por el organismo financiero nipón (la primera fue para Toshiba en 2015).
Más piezas en el caso
El organismo de control de valores ha alegado que tanto Nissan como Ghosn violaron la ley de instrumentos financieros al no informar específicamente del paquete de remuneraciones del ahora prófugo entre 2010 y 2018; en total alrededor de 75 millones de euros no declarados y que debía recibir tras jubilarse.
Inicialmente se esperaba que la sanción, recomendada por la Comisión de Vigilancia de Bolsa y Valores en diciembre, alcanzara los 4.000 millones de yenes (unos 33 millones de euros), en función de la cantidad de pago que quedaba de los documentos presentados por Nissan.
Sin embargo el fabricante de automóviles usó un comodín muy extendido en estos casos y sobre todo en casos de cártel (apodado 'whistleblower' o informante) y pidió una reducción al regulador al comunicar el asunto antes de que la investigación se pusiera en marcha por completo.
Nissan, que se lava las manos en cuanto a las prácticas financieras de su antiguo líder presentó una demanda civil contra Ghosn en la que reclama 83 millones de euros por lo que describe como "daños monetarios infligidos a la compañía por su expresidente como resultado de años de su mala conducta y actividad fraudulenta".
En contrapartida, el brasileño ha demandado a Renault en Francia para reclamar el pago de su jubilación por su trabajo como consejero delegado en la compañía, hasta que tuvo que renunciar en noviembre de 2018 tras su arresto.
Ahora las cosas se han complicado mucho, pues Ghosn huyó de Japón a finales de 2019 en una fuga que está pensando en rentabilizar en la pequeña pantalla y que amenaza las relaciones diplomáticas entre Líbano, donde reside Ghosn ahora, y Japón, un país avergonzado por una huida que pasará a la historia.
Recientemente, el viceministro de Justicia de Japón, Hiroyuki Yoshiie, viajó al Líbano para mediar en el caso y convencer al Gobierno de que Ghosn debe ser extraditado y juzgado en Japón. Algo que el brasileño ha estado evitando a toda costa, a no ser que, según sus palabras, se lleve a cabo un juicio justo.
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