El Gobierno va a plantear prohibir por ley la matriculación y venta de coches de combustión en España en 2040. Se trata de una medida que se recogerá en la Ley de Cambio Climático que prepara el Ejecutivo, en fase de borrador y que tiene en el punto de mira los turismos y los vehículos comerciales ligeros que emitan de forma directa dióxido de carbono (CO₂).
Esto incluye los gasolina, diésel, híbridos y los impulsados por gas (aunque también debería estar incluido en el combo de forma indirecta el proceso de fabricación de los coches eléctricos).
Una ley que pone en el punto de mira el transporte terrestre
El Gobierno central deberá presentar este borrador para cumplir con sus obligaciones en materia de reducción de emisiones, tal y como lo están haciendo el resto de países de la Unión Europea, para evitar sanciones económicas.
La ley, centrada en la descarbonización a largo plazo, establecerá también la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con una zona de bajas emisiones antes de 2023.
Según explica eldiario.es, el Ministerio de Transición Ecológica va a proponer así la desaparición de los motores de combustión en 2040 pero 10 años antes tendrá que conseguir rebajar un 20 % las emisiones de CO₂. Para entonces, la generación de electricidad deberá tener un origen renovable como mínimo en un 70 %.
En materia de energías renovables, el plan prevé el desarrollo de fuentes de energía renovables entre 2020 y 2030 para impulsar la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción eléctrica.
Y en 2050 se ha fijado el objetivo de alcanzar un parque móvil que no emita gases contaminantes.
Pero el borrador también contempla detener las actividades de fracking y acabar en 2040 con la vigencia de las prórrogas para la explotación de hidrocarburos. Además, "quedará prohibido el establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles", recoge el diario.es.
Otro punto vital, y que al Gobierno le va a ser difícil cumplir, es la propuesta de no realizar "nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles".
Según un informe del instituto de investigación Overseas Developement, España, Alemania, Francia y otros ocho estados de la Unión Europea gastaron entre 2014 y 2016 21.000 millones de euros al año en exenciones fiscales para los combustibles fósiles.
El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se presentará, previsiblemente, antes de que termine el año, e incluirá un Plan de Transición Justa que proteja a los territorios y trabajadores de los sectores afectados por la transición, y aquellos afectados por el cambio climático.
De momento, parece que se deja fuera del debate una vez más el sector comercial, residencial, institucional, la deforestación o la producción de electricidad y calor.