El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña ofrecieron a Nissan un plan de ayudas que contemplaba un total de 97,5 millones de euros para la marca y sus proveedores a fin de mantener activa la planta de Barcelona, además de incentivos a otra firma para lograr una nueva fábrica de baterías para coches eléctricos en España, según el documento que recoge el plan industrial y al cual ha tenido acceso El País.
La firma nipona rechazó y tiene previsto cerrar Nissan Barcelona en diciembre de este año, dejando de producir coches en España, si bien el Ejecutivo aún no se rinde en su intento de hacer cambiar de parecer a la firma automovilística y deja abierta la posibilidad a revertir la situación.
"Seguimos pensando que ese plan es un plan de futuro y seguimos con todas las actuaciones abiertas en las próximas semanas para revertir esa decisión y tener futuro para esas tres plantas". Así lo ha asegurado Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, en una entrevista concedida a ABC.
Preguntada sobre el por qué la compañía rechazó la propuesta del Ejecutivo, Maroto ha aseverado que "habría que preguntárselo a ellos, porque efectivamente el plan de incentivos era muy solvente, donde el Estado compartía una parte de la inversión de nuevos modelos", ha explicado sin dar más detalles.
Acerca de si hay una posible solución a la drástica medida, Maroto se ha mostrado optimista: "La unidad de acción es clave también en Nissan, así estamos trabajando con Generalitat, ayuntamientos, sindicatos de Cataluña y comité de empresa. Seguimos también con una interlocución muy directa con Japón, les hemos trasladado las propuestas y la idea es mantener esta unidad de acción y mantener las capacidades productivas y el empleo".
Al mismo tiempo que se conoció el plan de reestructuración de la alianza Renault-Nissan-Mitusishi, que pasa por dejar a la marca gala como firma de referencia del trío en Europa, salió a la luz que el Gobierno podría haber estado en contactos con fabricantes de automóviles chinos para tratar de atraer su interés como posible reemplazo de la compañía nipona.
No obstante, la ministra ha rehuido hablar sobre hipotéticas negociaciones con otras marcas de coches y ha asegurado que "en el corto plazo que Nissan esté con nosotros es nuestra lucha", pues lleva más de 40 años en nuestro país.
Una propuesta de 97 millones de euros y una fábrica de baterías
En la mencionada entrevista, Maroto habló sobre la oferta del Gobierno desestimada por Nissan, pero lo hizo sin dar detalles sobre el plan propuesto. Sin embargo, un documento conseguido por El País refleja que las ayudas públicas estimadas se cifraban en 97,5 millones de euros, de los que 70,7 eran para la multinacional japonesa (no reembolsables) y otros 26,8 millones para su parque de proveedores.
Los 70 millones de euros de ayudas para Nissan se dividían en 42,4 millones a través de instrumentos ya existentes y otros 28,2 millones hubieran procedido del ahorro obtenido en las líneas de créditos cursadas por ambas administraciones. Se ofrecían préstamos a diez años, con un tipo de interés cero y con tres años de carencia.
La oferta, consensuada y participada por el Gobierno de España, Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca, se materializó el pasado mes de marzo y estaba enfocado a aumentar la producción de la planta de Barcelona mediante la asignación de un vehículo eléctrico nuevo.
El objetivo era incrementar el volumen de fabricación en una factoría con capacidad para ensamblar 200.000 coches al año y que concluyó el año fiscal nipón de 2018 (que va del 1 de abril 2018 al 31 de marzo del año de 2019) habiendo fabricado solamente 88.679 vehículos. Teóricamente, con la concesión del coche eléctrico, la producción podría haber crecido hasta los 125.000 ejemplares anuales.
Pero el vehículo cero emisiones no sería el único reflejo de la electrificación. El documento que se trasladó a la cúpula de Nissan se contemplaba también un "compromiso" adicional: dar ayudas a otra compañía para que instalara en Cataluña una fábrica de baterías para coches eléctricos a fin de "consolidar una base de proveedores adecuada para las necesidades de NMISA [Nissan Motor Ibérica] en el futuro".
Sea como fuere, la realidad es que por el momento Nissan ha decidido cerrar su planta de Barcelona pese a las advertencias de las instituciones públicas españolas de que esta maniobra es más caro que hacer la factoría competitiva.
Mientras tanto, el Ministerio de Industria y el Departamento de Empresa de la Generalitat no tiran la toalla y, de hecho, remitieron una carta a la dirección japonesa de Nissan en la que solicitan "conocer la situación real de la planta" y tratar de "buscar una solución".
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