El Gobierno en funciones ha hecho público un documento con 370 medidas destinadas a conseguir el apoyo a la cada vez más lejana investidura. En el apartado de transición ecológica destaca la propuesta que ya hizo en noviembre de 2018: la de prohibir la venta de coches y vehículos industriales ligeros que emitan CO₂.
Pero esa medida se ha suavizado en las últimas horas para dejarlo en que estos vehículos deberán "reducir paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0g CO₂/km".
Moderar el discurso para ganar apoyos
El punto 256 del programa presentado por el Gobierno en funciones dice así: "Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales".
Básicamente lo mismo que ya dijo el año pasado el Ministerio de Transición Ecológica: "A partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono".
Lo cierto es que, a pesar del Acuerdo de París ratificado por España en 2017 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Gobierno en funciones ha querido suavizar el discurso en este punto.
"En desarrollo de la estrategia de descarbonización de 2050, adoptaremos las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0g CO₂/km", según recoge El Mundo.
Es decir, cambia el término 'prohibir' y aboga por una reducción progresiva de las emisiones del parque automovilístico.
En este horizonte tan incierto, en el que las ventas de coches nuevos están sufriendo un notable descenso, el Gobierno también ha propuesto otras medidas en materia de movilidad, entre las que se encuentran:
- Establecer una línea de inversión público-privada "de alto impacto" para desarrollar en España nuevas tecnologías de baterías para coches eléctricos.
- Apoyar el desarrollo del acuerdo del gobierno con el sector de la automoción para facilitar su transformación y potenciación, de forma sostenible.
- Poner en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, "estable e ininterrumpido, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente".
Es importante recordar que las decisiones del Gobierno están supeditadas a la normativa europea, que guía la orientación estratégica de las políticas nacionales sobre clima y energía en los próximos años. De hecho, la normativa de emisiones estipula que para 2030 los fabricantes tendrán que llegar a una media de menos de 60 gr de CO₂/km.
Algo actualmente inasumible, pues de media en un gasolina serían 2,6 l/100 km y 2,2 l/100 km en un diésel.
Por lo tanto, no debemos perder la perspectiva, entre tanto ruido, de que cualquier medida debe estar encaminada a mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de 1,5°C.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas abarca el desarrollo económico y social y la sostenibilidad medioambiental y, por tanto, se integra y complementa con los compromisos asumidos con el Acuerdo de París que España ha ratificado.