Ha tardado en llegar, pero la decisión que antes o después había que tomar con las autopistas de peaje ha llegado: van a ser rescatadas. Hemos pasado décadas escuchando las bondades de las nuevas autopistas de pago de alta capacidad, la opulenta infraestructura que mejoraría la comunicación por carretera en el territorio español, lo justificado de la inversión con dinero público para su posterior cesión a manos privadas...
Al final no las ha usado prácticamente nadie. Enormes autovías semidesérticas, asentadas sobre un sobrecoste masivo y, en consecuencia, deficitarias que en palabras a los Desayunos de TVE del propio Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas".
Un rescate entre 3.400 y 5.500 millones de euros
Del total de 21 autopistas de peaje que hay en España, ocho se encuentran en estado de quiebra financiera, así que ante la práctica imposibilidad de renegociar la deuda de 3.400 millones de euros asumida con los acreedores financieros, el Estado ha tenido que intervenir para hacerse cargo de la situación y tratar de evitar la liquidación.
Pero el rescate que tendrá que llevar a cabo el Gobierno casi podría duplicarse. Seopan, la patronal de las grandes constructoras (quienes solicitaron el peaje para todas las autovías, sin excepción), cifra el importe del rescate en unos 5.500 millones sumando a la deuda otros gastos derivados.
A partir de ahora el Estado tendrá que pensar qué va a hacer con esas vías más allá de sacar el talonario (algo que va a pasar sí o sí). De una parte podrían limitarse a echar el cierre a estas carreteras y vender todos los activos que pudieran para reembolsarse parte del rescate, o bien mantenerlas en funcionamiento pese a su carácter netamente deficitario. Según lo que se intuye de las palabras del Ministro estarían más por la labor de esta segunda opción, aunque al final siga siendo pan para hoy y hambre para mañana.
Echando la vista un poco más lejos, nos encontramos con que dentro de los contratos firmados en el momento de adjudicación de las vías está la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, que obligaría al estado además de a hacerse cargo de la deuda, a indemnizar a las empresas concesionarias por el perjuicio económico derivado del mal funcionamiento de las carreteras de peaje.
"Estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda", comentaba el Ministro de la Serna. Y normal que sea difícil encontrar un acuerdo con las entidades financieras, porque el plan de rescate del Gobierno pasa por una condonación del 50% de la deuda y emitir deuda a 30 años para el resto.
Por el momento mantendremos un ojo puesto en los juzgados, porque a la sentencia que obliga al Ministerio de Fomento a asumir el control de las R-3 y R-5 de Madrid antes de julio de 2017, hay que sumar los nuevos procesos que se podrían dictar sobre el resto de autopistas quebradas (R-2, R-4, M-12, AP-41, AP-36 y AP-7).