La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha llevado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado la propuesta de prohibir que puedan circular por las Islas Baleares, a partir de 2025, vehículos diésel así como los propulsados por gasolina para 2035.
Estas medidas están pendientes de aprobar dentro de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, pero aún así la asociación quiere evitar que salgan adelante por estar, según ha expresado, "huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico" y suponer "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea".
Anfac solicita así a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además, solicita al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.
Para entrar en contexto, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares está en fase de tramitación y sigue la ruta de los Acuerdos de París para evitar que la temperatura global siga aumentando.
La medida incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel (incluidos coches y motos) y a partir de 2035, se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales).
Desde la administración balear avisaron de que esta medida no afectará a los vehículos comercializados antes de las fechas límites, que podrán continuar circulando hasta el final de su vida útil por las carreteras del archipiélago.
Lo que Anfac cree es que la disposición supone "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea" por afectar al normal funcionamiento del mercado, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado y que la prohibición pretende atajar un "supuesto problema de calidad del aire cuando en las Islas Baleares es entre buena y excelente".
La asociación considera además que la medida incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Alerta que, aunque su aplicación no es inmediata, ya se ha hecho notar en las ventas de vehículos nuevos, que ha experimentado "un ritmo mucho menor en las islas Baleares, que tan solo ha crecido un 1,6 % en 2018 frente a la media nacional, que lo ha hecho en un 7 %".
La denuncia de una medida local ante un problema global
Lo cierto es que esta Ley de Cambio Climático española ha venido impuesta desde Bruselas ante un informe de la ONU sobre el clima nada alentador, por lo que las irregularidades que Anfac denuncia atienden a una parte muy pequeña del problema.
No se trata de que en 2017 la calidad del aire en las islas fue muy buena y la medida no tiene sentido, si no de que todos los países a nivel global (dejemos a un lado a Estados Unidos y Brasil) tienen la obligación de reducir sus emisiones y emprender el camino hacia la descarbonización de la economía.
Entendemos que el siguiente paso de la asociación será llevar ante la Comisión la propuesta del Gobierno central de prohibir la venta de coches nuevos de combustión en 2040, otra medida que el comisario español de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ya ha anunciado que estudiará para saber si es legal.