Dieter Zetsche cedió el año pasado el testigo como CEO de Mercedes-Benz al sueco Ola Källenius, y tras un periodo de reflexión de dos años debía convertirse en el nuevo presidente del consejo de supervisión de Daimler en marzo de 2021. Pero en un giro inesperado, Zetsche ha renunciado públicamente al cargo.
Lo ha hecho a través de una entrevista en la cabecera alemana Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, iniciando la carrera por encontrar al próximo presidente del consorcio alemán.
Sin apoyo de los accionistas
La renuncia de Zetsche se produce después de que algunos inversores, incluido Harris Associates, que posee una participación del 5 %, se pronunciaran en contra del ascenso de Zetsche a la junta supervisora.
Según declaraciones del ingeniero al periódico alemán, los principales inversores de Daimler lo habrían respaldado para suceder a Manfred Bischoff, actual presidente del consejo de supervisión de Daimler, pero ha habido oposición de otros accionistas.
"El hecho de que después de 40 años de trabajo no sea considerado por algunos como un activo, sino como una carga, es algo que no necesito", ha dicho.
Ya en el momento de la dimisión de Zetsche como presidente del consejo de administración y consejero delegado de Daimler en 2019,se anunció su candidatura a presidir el consejo de supervisión del grupo alemán, a pesar de tener que esperar dos años, como exige el estatuto de Daimler.
Según informaciones de Reuters, ya resuena el nombre de Joe Kaeser, director ejecutivo saliente de Siemens y miembro del consejo de supervisión de Daimler, como posible candidato. Ahora Bischoff necesita encontrar un nuevo candidato que le suceda antes de que se retire el 31 de marzo de 2021, y que tendrá sin duda un gran reto por delante.
Hace unas semanas Daimler y su subsidiaria Mercedes-Benz USA anunciaron que habían llegado a un acuerdo económico con las autoridades estadounidenses para cerrar su propio Dieselgate.
Acordaron pagar unos 1.250 millones de euros por reclamaciones civiles y medioambientales, a lo que se sumarían otros 736 millones procedentes del acuerdo de la demanda colectiva por la venta de 250.000 turismos y furgonetas diésel equipados con un software ilegal.
Posteriormente, las autoridades reguladoras de EEUU aprobaron el acuerdo "sin llegar a ninguna determinación" acerca de los dispositivos, pero se estima que es la mayor sanción civil por vehículo en EEUU.
A este golpe económico -y de reputación-, se le suman pérdidas operativas de 1.700 millones de euros en el segundo trimestre.
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