Nuevas sospechas sobre el fraude de emisiones se ciernen sobre Volkswagen. Este martes la sede central del grupo alemán en Wolfsburgo ha sido 'tomada' por la Fiscalía de Braunschweig, que ha ido en busca de documentos que confiscar.
Esta investigación podría destapar un 'Dieselgate 2' relacionado con el de 2015, ya que se centra en la familia de motores diésel sucesora del escándalo y que equipaba el software ilegal que maquillaba las emisiones en banco de prueba, durante el proceso de homologación.
Una investigación "infundada"
De acuerdo a las informaciones publicadas por Bloomberg, la investigación se centra en "acusados individuales" y está relacionada con vehículos diésel que montan motores EA 288, el sucesor del EA 189 y corazón del Dieselgate.
Según Volkswagen, se trata de una investigación "infundada" y asegura que reveló "de manera proactiva los hechos técnicos subyacentes a las alegaciones a las autoridades de investigación responsables y a las autoridades de registro en una etapa temprana".
Volkswagen también ha hecho hincapié en que el motor EA 288 (con la norma de homologación Euro 6) no está equipado con un dispositivo de desactivación, ni muestra un fallo del filtro del diésel, por lo que cumple con las regulaciones de emisiones.
Se han desvelado pocos detalles acerca de la investigación; no obstante la firma asegura estar cooperando plenamente con las autoridades.
Tampoco está claro qué empleados están siendo investigados, pero el ex CEO de Volkswagen, Martin Winterkorn, fue acusado de cometer conspiración y fraude electrónico por parte del Departamento de Justicia de EEUU.
Y hace dos meses la Fiscalía alemana acusó a la cúpula de Volkswagen de manipular el mercado durante el escándalo y ocultar intencionadamente al mercado financiero en 2015 el alcance de la situación para evitar pérdidas accionariales y un consecuente daño a su cotización.
Hasta ahora, el Dieselgate le ha costado a la compañía unos 30.000 millones de euros en multas, reparaciones de vehículos y costos legales, y también ha provocado una reacción global contra los coches diésel.
Volkswagen reconoció que cuando estalló el escándalo, alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo estaban equipados con el software ilegal.
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