"La Ley de Movilidades es una respuesta a la emergencia ecológica, con objetivos ambiciosos y realistas: la descarbonización total en 2050 del transporte terrestre, y el fin de las ventas de vehículos que utilizan combustibles fósiles en 2040."
Así ha anunciado la ministra de Transportes de Francia, Elisabeth Borne, la adopción definitiva de la ley que prohibirá la venta de coches con motores de combustión interna en 2040. Es decir, en 20 años los fabricantes no podrán comercializar vehículos impulsados por gasolina o diésel, que a día de hoy representan casi el 95 % de las ventas en Francia.
Los coches eléctricos, menos del 2 % de las ventas
Dentro de esta ley se recoge el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, de forma que las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) sean compensadas con proyectos de movilidad sostenible. También se establecerán objetivos intermedios para promover la expansión de vehículos con bajas emisiones para 2030.
La #LoiMobilités est une réponse à l'urgence écologique, avec des objectifs ambitieux et réalistes : la décarbonation totale en 2050 des transports terrestres, et la fin des ventes de véhicules utilisant des énergies fossiles en 2040, conformément au #PlanClimat.
— Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) 3 de junio de 2019
En este aspecto, el texto legislativo fija un marco para que las administraciones locales puedan restringir la circulación a los vehículos más contaminantes, y recuerda que hay 23 comunidades que se han involucrado en el proceso y que han puesto en marcha estas medidas.
De hecho está previsto que el 1 de julio el área conocida como 'Métropole du Grand Paris' -una mancomunidad que agrupa a 131 municipios, incluido París- se convierta en una zona de bajas emisiones.
Es decir, aquellos coches con motores diésel matriculados entre 1997 y 2000 así como aquellos que no tengan derecho a pegatina no podrán entrar en el área metropolitana de París.
Otra de las medidas para desincentivar el uso del vehículo privado será crear un bono a través del cual las empresas podrán abonar voluntariamente hasta 400 euros anuales a sus empleados para cubrir sus gastos de desplazamiento, bien en bicicleta o en coche compartido.
Además se plantea invertir 13.400 millones de euros en el transporte público hasta 2022 (año en el que termina el mandato del presidente, Emmanuel Macron) y fomentar el uso de la bicicleta con un fondo de 350 millones de euros. Por otro lado, en el Consejo de Ministros de transportes de la UE, Francia hará un llamamiento a la fiscalidad del transporte aéreo a nivel europeo.
2040 también ha sido la fecha que el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, ha propuesto para poner fin a la matriculación y venta de coches de combustión en España. En el caso de la propuesta española, se incluyen los gasolina, diésel, híbridos y los impulsados por gas.
Austria por su parte estudia desde abril de 2016 dejar de vender coches de combustión en 2020; Gran Bretaña se planteó en julio de 2017 hacer lo propio pero con una meta más a largo plazo, en línea con Francia y California: 2040.
En India se plantean desde abril de 2017 dejar de vender este tipo de vehículos en 2030, al igual de Irlanda, Escocia o Países Bajos. Mientras tanto, en Noruega, llevan con programas de incentivos para la venta de coches eléctricos desde 1990; en Japón desde 1996.
Los vehículos de gasolina y diésel representan alrededor del 95 % de las ventas en Francia, mientras que los coches eléctricos aún representan menos del 2 % de las ventas de vehículos nuevos.
Lo cierto es que para limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados centígrados, según estipula el maltrecho Acuerdo de París, los Estados deberán dejar de depender de los combustibles fósiles.
Un respiro al impopular límite de velocidad
Un artículo incluido en esta normativa toca de cerca la polémica limitación de velocidad que se puso en marcha en julio de 2018 y que rebaja de 90 km/h a 80 km/h la velocidad en las carreteras nacionales y regionales de doble sentido sin separador central.
Este artículo permitirá flexibilizar la aplicación de la ley, de forma que los alcaldes y presidentes de cada departamento decidan si se aplica o no el límite, previo filtro por parte del Estado.
