De la lluvia de licencias para Uber y Cabify frente al taxi... a una nueva burbuja en el transporte de viajeros

El sector del taxi está en pie de guerra, una vez más. El número de licencias VTC, que permiten operar a servicios como Uber o Cabify, está a punto de duplicarse con respecto al total de licencias que había en España hace sólo tres años, y eso hace temer a los taxistas un mercado del transporte de viajeros mucho más masificado y muy poco rentable.

La concesión de licencias VTC se ha disparado en España en los últimos tiempos. ¿Cómo ha sucedido y por qué? ¿Volverá a suceder? ¿Qué consecuencias ha tenido esta lluvia de licencias útiles para operar con Uber o Cabify? ¿Hacia dónde se moverá el sector del transporte de viajeros?

En mayo del pasado año, nos sorprendió la petición realizada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, que quería conseguir 5.000 licencias VTC, quizá para contrarrestar lo que parecía un acopio de licencias VTC por parte de Uber para hacerse con el mercado. Hace unos días los taxistas desistieron de aquella solicitud, pero este movimiento es igualmente indicativo de un problema que se le ha venido encima al sector del transporte de viajeros.

Según datos publicados por El Español a partir de información del Ministerio de Fomento, desde el inicio de 2014 hasta el arranque de este 2017, la cifra de licencias ha crecido de forma vertiginosa. De hecho, el abogado de la Unión Nacional de Autoturismos VTC, José Andrés Díez, sostiene en declaraciones al mismo diario que en los próximos años sólo en Madrid habrá 6.000 licencias VTC, por algo menos de 2.000 que hay hoy, según Fomento. En Barcelona se podría llegar a las 5.000 licencias, por 800 VTC que hay en la actualidad.

En España hay algo menos de 67.300 licencias de taxi. Hablamos de una proporción que deja lejos la pretensión de mantener una limitación de 1 licencia VTC por cada 30 licencias de taxi. Según cantan los números actuales, los VTC y los taxis se encuentran en una proporción de 1 a 12, aproximadamente. Y si tomamos los datos con los que se maneja Díez, es fácil adivinar que pintan bastos en el sector del transporte de viajeros.

Para evitar una mayor entrada de las VTC, al menos en Madrid, la Federación Española del Taxi quiere estar presente en los procedimientos judiciales donde el Gobierno de la Comunidad formule recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que hayan acabado en la concesión de licencias VTC. Hasta ahora, hay 230 procedimientos en los que la Comunidad de Madrid ha interrumpido esta concesión.

¿Pero de dónde viene este problema? ¿Y hacia dónde puede derivar?

La Ley Ómnibus y la eclosión de las licencias VTC

"Eficiencia, productividad y empleo" eran los valores económicos y sociales que perseguían tanto la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, como la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como Ley Ómnibus. Esta ley, aprobada por el Gobierno hace más de siete años, no hacía otra cosa que seguir la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Sin embargo, la puesta en marcha de esta ley tuvo un efecto inesperado: la eclosión de las licencias VTC. Un vacío legal permitió que se solicitaran licencias VTC a placer, siempre por la vía judicial y siguiendo cuatro pasos:

1. Una persona física o jurídica solicitaba una o varias licencias VTC.
2. La Comunidad Autónoma rechazaba la concesión de las licencias, por entender que ponía en riesgo el mercado del taxi.
3. El solicitante recurría al Tribunal Superior de la Comunidad en cuestión, y este apoyaba la versión del gobierno regional.
4. El solicitante recurría al Tribunal Supremo, y ahí obtenía un fallo favorable a la concesión de la licencia.

El vacío legal abría la puerta a la concesión de licencias VTC de forma libre. Al entrar en vigor la Ley Ómnibus, se eliminó la proporcionalidad entre licencias VTC y licencias para taxi. Esto fue así hasta que el 20 de noviembre de 2015, a un mes de las elecciones generales, el Ministerio de Fomento cambió el ROTT e introdujo los siguientes matices para alegría de los taxistas, que de forma inmediata desconvocaron las huelgas anunciadas para los días 30 de noviembre y 15 de diciembre, a las puertas de los comicios:

Cuando la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en una comunidad autónoma o en alguno de los municipios que la integran, el órgano competente podrá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a fin de mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte en su territorio.

Se entenderá en todo caso que se produce una situación de desequilibrio, y en consecuencia procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, cuando la relación entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas.

Sin embargo, durante el tiempo que duró el vacío legal se produjo un interesante movimiento en el terreno de las licencias VTC. Un movimiento que, además, se vio facilitado por la iniciativa del organismo público que vela por la libre competencia en los mercados.

La CNMC, volcada en la liberalización del sector

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva ya tiempo abogando por un sector del transporte de viajeros más abierto a nuevas propuestas. En marzo de 2016, tras realizar un estudio en este ámbito, recomendó adoptar los siguientes cambios, con el fin de abrir el mercado a más opciones comerciales, quitando barreras en el acceso a la profesión:

• Eliminar cualquier restricción de acceso que suponga la imposición de un numerus clausus a la oferta de taxis y VTC.
• Eliminar cualquier restricción en el ámbito territorial de las licencias por crear barreras geográficas innecesarias en el mercado de taxi y VTC.
• Establecer cuantías proporcionadas en las coberturas de los seguros obligatorios.
• Eliminar la obligación de disponer de un número mínimo de vehículos para poder realizar la actividad de VTC.
• Eliminar aquellos requisitos de calidad y seguridad que resulten innecesarios o desproporcionados.
• Eliminar los horarios obligatorios y regímenes de descanso en el sector del taxi.
• Eliminar la limitación de titularidad de las licencias a personas físicas o cooperativas de trabajo, del número de licencias por persona y la posibilidad de que haya conductores distintos al titular de la licencia.
• Eliminar la prohibición de arrendar, traspasar o ceder la explotación o el vehículo.
• Eliminar la autorización administrativa por vehículo para la realización de la actividad de VTC, permitiendo que ésta se otorgue por empresa.
• Eliminar la obligatoriedad de que los VTC deban ser contratados previamente para poder circular y la imposibilidad de que los VTC puedan circular por las vías públicas en busca de clientes ni recoger a viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio.
• Eliminación de las tarifas reguladas en el sector del taxi.
• Limitar la participación de las asociaciones y organizaciones representativas del sector con carácter previo a la adopción de decisiones administrativas.

"El sistema de licencias ha permitido cerrar el sector a la competencia y ha facilitado la aparición de rentas monopolísticas", según explicó en su día la CMNC. Siguiendo la lógica de la Ley Ómnibus, el organismo público, que es independiente del Gobierno y está sometido al control parlamentario, apuesta de forma clara y rotunda por la liberalización del sector.

La CMNC argumenta que este práctico monopolio del transporte de viajeros supone "un perjuicio" para los consumidores, y ese perjuicio se plasma en "mayores tiempos de espera, mayores precios, menor calidad del servicio", además de la "eliminación de los incentivos a la innovación".

Una idea troncal del organismo supervisor de la competencia, para la mejora del sector, consiste en eliminar los límites en la concesión de licencias. En parte, basan sus requerimientos en una cuestión meramente práctica. Y es que, cuando un producto escasea, su precio tiende a dispararse.

En el sector del taxi, las dificultades para acceder a la licencia han hecho de estas un bien en sí mismo, y un bien muy preciado. Esto ha llevado a que se transmitan las licencias mientras los precios se han inflado siguiendo una espiral que lleva hasta el punto de que se han llegado a pedir 220.000 euros por una sola licencia.

De la burbuja del taxi a la burbuja de las VTC

Sin embargo, el panorama de las VTC no pinta mucho mejor. Como vimos cuando conocimos la experiencia de trabajar para un servicio como Uber o Cabify, el principal requisito para dedicarse a esta profesión es contar con una licencia VTC. Si tenemos en cuenta que debe existir una proporción de 1 licencia VTC por cada 30 licencias de taxi, tenemos otro bien que escasea en el mercado.

Y el resultado tiene, también, forma de burbuja. Hasta 35.000 euros por una VTC fue la queja que expresó en junio de 2016 el director general de Uber en España, Carles Lloret, quien denunció que el precio de las VTC se había triplicado en tres meses. Pero la espiral no ha decrecido con el aumento de licencias concedidas.

Tal y como publica El Español, en el portal Mil Anuncios hay de todo cuando uno busca "licencias VTC", incluyendo paquetes de licencias que alcanzan precios unitarios de 45.000, 65.000 o hasta 95.000 euros por licencia. Es decir, un calco del problema que viene soportando el sector del taxi desde hace años... y que podría ir a más, si se cumplen las expectativas del sector.

Es por eso que, lejos de vislumbrarse un escenario claro en el cada día más disputado sector del transporte de viajeros, la única certeza previsible es un futuro inmediato ciertamente complicado, tanto para los taxistas de siempre como para los profesionales de los medios de transporte de viajeros alternativos. De forma paradójica, el cliente final podría acabar pagando las consecuencias de esa nueva burbuja que se está gestando en el sector.

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