El Consejo de Ministros ha aprobado la normativa propuesta por el Ministerio de Fomento para frenar la expansión de las empresas de alquiler de vehículos con conductor como Uber y Cabify. Esta normativa incluye dos novedades:
- Las licencias VTC no podrán venderse hasta pasados dos años desde su adquisición.
- Las empresas deberán inscribir en un registro único estatal todos los servicios que presten, antes de llevarlos a cabo.
Buscando la "convivencia ordenada" con el taxi
Fomento ha explicado que el nuevo marco legal obedece a la necesidad de mejorar la regulación en el sector de las VTC, de forma que se asegure la "convivencia ordenada" con el sector del taxi. También se persigue poner fin a las "prácticas especulativas" de quienes hayan podido hacerse con licencias de VTC para especular con ellas.
La reforma legal llega seis semanas después de conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la concesión de nuevas licencias VTC en la Comunidad de Madrid. De hecho, Fomento reconoce que no puede impedir la concesión de esas licencias, pero a la vez la norma matiza que los vehículos que utilicen esas licencias aprobadas por el Supremo deberán reunir los requisitos de la nueva normativa, con independencia de cuáles fueran los criterios vigentes al solicitar esas licencias.
Los números avalan parte de la tesis del Ministerio, en el sentido de que la concesión masiva de licencias VTC huele a burbuja en el transporte de viajeros. Fomento no se ha pronunciado, en cambio, sobre el problema de la especulación con las licencias de taxi, que castiga económicamente al sector desde que se congeló la concesión de nuevas licencias, hace ya dos décadas.
El requisito de llevar a cabo un registro único todas las operaciones de las VTC persigue evitar que Uber o Cabify puedan buscar clientes en la calle, en los aeropuertos o en las estaciones de ferrocarril, donde la ley prohíbe expresamente que estas empresas compitan en metodología con el taxi.
Queda por ver, sin embargo, cómo se realiza la inclusión de cada servicio en el registro único de viajes, ya que tanto Uber como Cabify funcionan mediante aplicaciones móviles. Si es posible realizar la reserva del servicio desde el móvil y esto genera una entrada en el registro antes de la prestación, la nueva normativa no debería suponer apenas cambios perceptibles por los clientes del servicio.
Por otra parte, el registro único estatal permitirá un control territorial en cuanto a la prestación de servicios con VTC. La ley permite que las empresas de este sector operen fuera de su Comunidad Autónoma sólo hasta en un 20 % de los servicios prestados. Si superan esta cuota, pueden ser sancionadas.
Reacciones dispares, aunque esperables
Con esta medida el Ministerio de Fomento ha querido apoyar al sector del taxi en sus reivindicaciones. Por el contrario, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha expresado su rechazo a la nueva normativa, por considerarla desproporcionada e injustificada. Es una posición coherente con los principios de la CNMC, donde hace tiempo que se aboga abiertamente por la liberalización del transporte de viajeros.
Tampoco lo ven claro en la patronal Unauto VTC, que aglutina a empresarios del sector de alquiler de coches con conductor mediante licencia VTC ajenos a las prácticas de Uber y Cabify. Según sus impresiones, esta normativa "protege al monopolio del taxi en contra del interés general". De hecho, los VTC se lamentan de que un sector haya impuesto la norma directamente a su competidor.
Ni siquiera todos los taxistas aprueban la forma de actuar de Fomento. Aunque Fedetaxi entiende que la norma supone "un paso más en la dirección correcta", su presidente, Miguel Ángel Leal, ya ha expresado su rechazo a las explicaciones del Ministerio sobre esta inminente nueva regulación de la actividad de las VTC, por considerar que estas han sido "insuficientes".
