El futuro de la polémica concesionaria Abertis se disputaba desde hacía tiempo y a contrarreloj entre ACS (presidida por Florentino Pérez) y Atlantia (controlada por la familia Benetton). Finalmente, según informa El País, ambas firmas cerraron a última hora de ayer un acuerdo para hacerse, juntas, con el control de Abertis.
Tras el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ésta ha suspendido la cotización de ACS y Abertis para evitar la especulación. Por otro lado, el pasado 24 de enero, el Ministerio de Fomento abrió dos expedientes sancionadores graves a Iberpistas, filial de Abertis, por el caos en la AP-6.
¿Qué ocurrirá con la sanción por el caos en la AP-6?
Algunas informaciones apuntan a que los accionistas de Abertis no han visto con buenos ojos la adquisición, ante una sensación de que se vende algo que no era necesario vender y que se ha hecho además en ambientes que no corresponden, como el palco del Bernabéu.
Tras una guerra de opas por el control de la concesionaria catalana que ha durado meses, ACS y Atlantia crearán una sociedad conjunta en la que la compañía controlada por la familia Benetton será el socio industrial con la mayoría del accionariado. Abertis cuenta en su cartera con 8.600 kilómetros de autopistas que gestiona en España y otros seis países. La sede continuará en Madrid.
En el aire quedan algunos interrogantes como qué ocurrirá con la sanción que emitió Fomento el pasado 24 de enero en relación a la actuación de la filial de Abertis, Iberpistas, durante el episodio de nevadas en la AP-6. En concreto, el Ministerio ha abierto un expediente de penalización por incumplimiento de contrato y otro sancionador por la Ley de Autopistas y la Ley de Carreteras.
Ambos han sido calificados como graves por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que considera que Iberpistas realizó una actuación negligente aquellos 6 y 7 de enero. A estas dos sanciones se suma la decisión de Fomento de revertir los gastos en los que incurrió la Administración para resolver la crisis, así como nuevas inversiones para corregir la situación, cuyo gasto correrá también del bolsillo de la concesionaria.
Un golpe económico que puede bailar entre los 300 euros por día de incumplimiento (según la Ley de Autopistas) hasta los 3.000-15.000 euros para las infracciones graves (según la Ley de Carreteras).