Los peajes urbanos asociados a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están muy cerca de hacerse realidad en España. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, en primera lectura, que quiere tramitar de urgencia.
Se trata del texto definitivo de esta normativa que se presentó en marzo de este año. Esta regulación operará como un paraguas normativo entre la estrategia estatal de movilidad y las de los ayuntamientos, dotando a las administraciones de ciertas capacidades.
Entre ellas, imponer una tasa por circular por las ZBE que debieran estar activas en cerca de 150 ciudades en pocos días. Aunque muchos ayuntamientos aún no las han definido.
Pagar por circular, una nueva posibilidad para limitar aún más a los coches en las ciudades
En esta nueva Ley de Movilidad Sostenible se incluyen medidas obligatorias, como por ejemplo que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes cuenten con planes de movilidad urbana sostenible simplificados.
Pero también voluntarias, como la tasa para circular por las ZBE. Es decir que este peaje no será obligatorio, pero se abre la posibilidad de que los consistorios puedan aplicarlo si así lo desean.
¿Qué coches pagarán el peaje urbano? Depende de lo que defina cada ayuntamiento que quiera imponer esta tasa de circulación, al estilo de capitales europeas como Londres.
En el texto se estipula que se podrá aplicar a "vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación" en las ZBE. Es decir que dependerá de lo determinado por los gobiernos municipales en estas zonas y, se entiende, en relación a la etiqueta mediombiental como ya ocurre en las que están activas.
Por ejemplo en el Madrid Central (ZBE Distrito Centro) de la capital, solo pueden circular los coches ECO y CERO, los sin etiqueta están vetados (excepto residentes de la zona) y los B y C solo pueden acceder sin van directos a un párking. Y en Barcelona, donde toda la ciudad es una ZBE, no pueden circular los sin etiqueta (en un horario y días determinados).
Así, por poner un ejemplo, en la céntrica ZBE de Madrid se podría imponer un peaje a los coches B y C en caso de que no vayan a un aparcamiento y meramente quieran circular por la zona.
Barcelona ya se planteó en su momento imponer un peaje urbano como complemento a la ZBE de la Ciudad Condal cuando aún no había entrado en vigor. La alcaldesa Ada Colau propuso esta medida para reforzar el veto a los sin etiqueta.
O dicho de otro modo, limitar aún más el tráfico por si la ZBE no era suficiente para reducir las emisiones. Aunque la medida se desechó meses después.
¿Cuánto costará el peaje? También lo estipularán los ayuntamientos, ya que el texto no establece de momento cuantías máximas o mínimas. No obstante, propone por ejemplo tomar como referencia el precio de estacionar en un párking público. Es decir, tarifas asociadas a un tiempo determinado.
Sea como fuere, para cobrar este futuro gravamen de circulación, se tiene que modificar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
¿Cuándo llegarán? Se pretende que la normativa esté activa en 2023. Aunque aún le queda camino por recorrer, pues ahora pasará a trámite de audiencia e información pública y luego ha de enviarse al Congreso para su tramitación parlamentaria.
"Esperamos que la nueva norma entre en vigor el año que viene. Queremos que sea el centro de la política de movilidad del país", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la Ministra de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
¿Y qué hay de las multas? Se entiende que esta tasa por acceder y circular es independiente de las sanciones por circulación indebida en las ZBE. Es decir, que por un lado los consistorios pueden determinar peajes urbanos para circular por estas zonas a unos coches o vehículos con determinada etiqueta, pero seguir vetando por completo el acceso a otros.
La multa por incumplir las medidas de las ZBE, o de los protocolos de contaminación, se ha fijado en 200 euros por la DGT, que la definió en la reformulada Ley de Tráfico estrenada este año. Ayuntamientos como el de Madrid ya se han acogido a ella, incrementando la cuantía de esta infracción (antes era de 90 euros).