La Confederación de la Industria de la Bicicleta Europea (CONEBI), a la cual pertenecen 15 asociaciones nacionales de la industria de la bicicleta en Europa y 68 empresas, han firmado un compromiso para evitar que los propietarios pirateen sus bicicletas eléctricas.
Pese a que las bicicletas eléctricas son una gran alternativa en cuanto a la movilidad dentro de la ciudad, el problema surge cuando diferentes usuarios deciden modificarlas para conseguir más potencia y hacerlas así más rápidas, lo cual puede ser un peligro para los ciudadanos y tener consecuencias legales.
Informar sobre las consecuencias legales de la manipulación
Las bicicletas eléctricas en Europa están limitadas a una velocidad máxima de 25 km/h y una potencia de 250 W, y siempre y cuando no se supere dicho límite, no será necesaria una licencia de conducción o un seguro obligatorio.
Si se saltan la normativa, los primeros perjudicados serían las empresas y asociaciones de las bicicletas de pedaleo asistido, ya que pueden tener consecuencias en cuanto a la seguridad vial, aparte de las consecuencias legales que pueda tener el usuario por haber manipulado su bicicleta.
Por esta razón, desde CONEBI aseguran estar trabajando continuamente para mejorar los sistemas electrónicos de las bicicletas eléctricas para que sea más difícil manipularlas.
Además, alentarán a todos los integrantes de la cadena de suministro de productos a informar a los demás sobre las consecuencias legales de la manipulación.
Es decir, en el momento en que un usuario realice la compra de un producto que sirva para manipular la bicicleta eléctrica, el vendedor deberá informar de las consecuencias legales que pueda tener al realizar dicha manipulación.
En la práctica, la mayoría de los fabricantes de motores europeos superan el límite de potencia de 250 W porque es difícil de medir y hacer cumplir. La velocidad es mucho más fácil de medir y hacer cumplir al costado de la carretera y, por lo tanto, casi todas las bicicletas eléctricas europeas están limitadas a velocidades lentas de 25 km/h.
Para intentar paliar estos posibles problemas, desde algunos países se está debatiendo la posibilidad de exigir licencia de conducción, papeles, matrícula o seguros para los usuarios de los diferentes vehículos de movilidad personal.
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