La Federación Europea de Ciclistas (ECF, por sus siglas en inglés) ha publicado recientemente la segunda edición de su informe "El estado de las estrategias nacionales para el ciclismo", que ofrece una visión global de las estrategias nacionales para impulsar el ciclismo en 44 países europeos y recoge las inversiones de cada uno de ellos en este ámbito.
El análisis muestra que, aunque aún queda mucho camino por recorrer, este medio de transporte está ganando cada vez más protagonismo en países como Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos, Austria e Irlanda. En el caso de España, seguimos a la cola de Europa en inversión e infraestructuras. Y con mucha diferencia.
A la cola de Europa en inversión y fomento del uso de la bicicleta
La Federación Europea de Ciclistas (ECF), junto con otras organizaciones que representan a los ciclistas de toda Europa, emitieron recientemente un manifiesto que alienta a los gobiernos nacionales a disminuir su dependencia de los combustibles fósiles urgentemente y a sustituir los coches en las ciudades por bicicletas.
Y es que según lo establecido en el Plan Maestro paneuropeo para la Promoción del Ciclismo que se firmó en 2021, cada país ha de desarrollar y aplicar una estrategia nacional para el uso de la bicicleta antes de 2030, pero no se está cumpliendo.
Según los datos de ECF, hasta ahora solo 20 países han adoptado en algún momento una estrategia nacional para el uso de la bicicleta o un documento político similar. Del total, 14 están actualmente en vigor, mientras que seis necesitan actualizarse.
De los 24 países restantes analizados en el informe, ocho se encuentran actualmente en proceso de desarrollar por primera vez una estrategia nacional para el uso de la bicicleta, principalmente situados en la región del Danubio. El caso es peor en torno a algunas zonas de Europa Central y Oriental, los Balcanes o el Cáucaso, donde sigue existiendo un gran vacío.
El informe recoge los niveles de gasto de los gobiernos centrales en términos absolutos en estrategias e infraestructuras que tienen como objetivo fomentar el uso de la bici (desde la construcción de carriles bici a programas de incentivo para la compra de bicicletas), revelando grandes diferencias entre países y algunos datos sorprendentes.
Por ejemplo, según el análisis de la ECF, en 2022 la región septentrional de Bélgica, Flandes, con unos 6,58 millones de habitantes, fue la que más esfuerzos dedicó al fomento del uso de la bicicleta de toda Europa, con una inversión aproximada de 45 euros per cápita, seguida de Irlanda (35 euros) y Noruega (20 euros).
En peor posición están Italia o España, donde el informe apunta a que se invierten menos de dos euros anuales per cápita.
Aquí hemos de puntualizar que Flandes tiene competencia exclusiva sobre toda su red de carreteras y, en cierto modo, su inversión puede compararse con la inversión nacional de otros países europeos.
De hecho, Flandes absorbe la mayor parte de la inversión destinada al ciclismo como parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Bélgica (en el último año las autoridades regionales flamencas invirtieron unos 300 millones de euros, de un total de 411 millones establecidos para el Plan).
En contraste, España, cuya “Estrategia estatal por la bicicleta” se presentó en verano de 2021, tuvo una dotación inicial de apenas cinco millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
Más recientemente, el pasado mes de noviembre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) activó ayudas a entidades locales para impulsar la movilidad ciclista en el ámbito urbano y rural con un presupuesto inicial de diez millones de euros, repartido en dos convocatorias.
Estas ayudas forman parte del Plan de Transformación y Resiliencia, que ha previsto 105 millones de euros a la construcción de más infraestructuras ciclistas, además de los 224 millones de euros destinados a proyectos municipales de fomento de la bicicleta, con un total de 329 millones de euros. Hay avances, pero aún no los suficientes.
De entre las grandes ciudades españolas, solo unas pocas superan los dos kilómetros de vías ciclistas segregadas por cada 10.000 habitantes. Por citar un ejemplo, según la OCU, hace dos años en Madrid apenas había “0,01 km de carril bici por cada km de carril convencional” o lo que es lo mismo, 1 km de carril bici por cada 100 km de vías públicas abiertas al tráfico, mientras que en Bilbao, Sevilla, Valencia y Barcelona el ratio es de 15.
Solo Sevilla y Barcelona se han encontrado en algún momento entre las 20 ciudades del mundo más amigables para la movilidad ciclista.
Y eso que según el Barómetro de la Bicicleta de 2022, entre 2019 y 2022, el número de personas que utiliza la bicicleta a diario o semanalmente para ir a trabajar o a estudiar ha crecido un 40 %, pasando de 8,1 millones en 2019 a más de 11 millones en 2022. En esta línea, también se ha incrementado el número de bicicletas en los hogares españoles: el 77 % ya tiene una (y los modelos de bici urbana ganan cada vez más terreno).
El Barómetro apunta a que los ciudadanos “valoran positivamente la ampliación y mejora de la infraestructura y los servicios públicos de bicicleta de los últimos años”, como los carriles bici, aparcamientos y sistemas de bici pública compartida… pero hacen falta más esfuerzos a corto plazo que se perseguirán en las cinco principales estrategias del Plan.
En general, en Europa las políticas climáticas y energéticas se están convirtiendo cada vez más en uno de los principales motores del cambio en todos los sectores económicos, incluido el transporte terrestre. La ampliación del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión al transporte es la última prueba de ello.
Sin embargo, aunque la bicicleta es uno de los medios de transporte más eficiente desde el punto de vista climático y energético (sobre todo en el caso del ámbito urbano), aún no ha recibido la atención que merece en las diversas políticas climáticas y energéticas europeas. Por ello, la ECF insiste “en la necesidad de incluir sistemáticamente medidas al respecto tanto en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de las Naciones Unidas como en los Planes Nacionales de Energía y Clima de la UE”.