La firma alemana ha emprendido dos caminos paralelos: uno hacia la electrificación y lavado de imagen y otro hacia el final del castigo económico por el caso Dieselgate. Volkswagen fue condenada en un juzgado federal estadounidense, hace unos días, a pagar casi 4 mil millones de euros por importar ilegalmente 590.000 vehículos diésel excesivamente contaminantes desde 2009.
El acuerdo de culpabilidad entre la firma alemana y el gobierno estadounidense incluye además de las multas y sanciones, una plena cooperación con la justicia. La condena también obliga al fabricante a ser supervisado durante tres años por un monitor independiente, que saldrá de la administración George W. Bush, para asegurarse de que cumple la ley en el futuro.
Los 4.300 millones de dólares en multas se desglosan en 2.800 millones por conspiración para defraudar a los Estados Unidos, obstrucción a la justicia por destrucción de documentación y la importación de los vehículos diésel citados anteriormente. Otros 1.450 millones adicionales para pagar multas civiles a la Agencia de Portecicón Medioambiental (EPA) y 50 millones más por la violación de la reforma de las instituciones financieras.
En un tribunal federal estadounidense, el Juez de distrito, Sean Cox, describió las acciones de la firma alemana como un "fraude masivo deliberado y perpetrado por la dirección de Volskwagen". "No sabemos hasta qué punto está implicada la cúpula corporativa. Con suerte, el Departamento de Justicia, y más de esperar, el gobierno alemán, continuarán investigando y juzgando a los responsables".
Será el ex fiscal general adjunto de Estados Unidos, Larry Thompson, el que servirá como monitor independiente para supervisar las operaciones estadounidenses de Volskwagen; previamente sirvió en la administración George W. Bush. El escándalo ya ha costado al fabricante alemán 23.000 millones de dólares entre multas, llamadas a revisión y recompras en Estados Unido y Canadá. En Europa aún está por ver cómo se compensará a los afectados.
Vía | Automotive News
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