Más de cuatro años después del estallido del Dieselgate, el escándalo de los motores trucados por el Grupo Volkswagen que afectó a casi 11 millones de vehículos en todo el mundo sigue coleando.
Esta semana se celebró en el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid el juicio en España por la demanda civil colectiva interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Volkswagen-Audi España, después de que el pasado verano el tribunal desestimase el recurso presentado por la compañía alemana, alegando que era incompetente desde un punto de vista territorial y solicitando que el procedimiento se trasladara a los juzgados de Barcelona.
Sin embargo, más allá del proceso contencioso en sí, llamó la atención lo ocurrido al inicio del mismo, cuando la portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, aseguró que Volkswagen ofreció una gorra y un llavero a los afectados en nuestro país por los motores diésel presuntamente trucados.
Se trata de una propuesta irrisoria, máxime si se compara con las medidas compensatorias que el Grupo ha acometido en otros países, como Estados Unidos, donde acordó pagar entre 5.000 y 10.000 dólares (entre 4.000 y 8.000 euros) por vehículo cuando estalló el caso.
En España, el Dieselgate no ha pasado factura a Volkswagen
Asimismo, la OCU recuerda que "en España no ha habido sanción administrativa, en contra de lo ocurrido en otros países", y cita como ejemplos europeos los casos de Polonia, donde autoridades polacas impusieron al grupo Volkswagen una multa de 28 millones de euros; Alemania, donde el montante asciende a 100 millones de euros; o Italia, con 4 millones de euros.
"En España, la Agencia de Consumo Catalana [región donde la empresa alemana tiene sede en el país] archivó las reclamaciones de los usuarios. La respuesta fue que no había caso", explica la organización, y por ello pide 22 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, que equivalen a unos 3.000 euros por cada uno de los 7.500 afectados que se han sumado a la denuncia.
La vía civil es la única opción abierta en España actualmente, toda vez que las acciones penales contra el fabricante han sido trasladadas a Alemania bajo el impulso de la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV).
Por su parte, Manuel Luján, abogado de la parte demandada, defendió que el sistema informático instalado en los motores EA 189 "no es ilegal", sino diferente al estar dividido en dos paquetes de datos, uno con las emisiones en fase de homologación y otro, en situación de conducción real, a fin de hacer al sistema más eficiente, según informó a EFE.
Además, la defensa alegó que el protocolo para medir las emisiones y los niveles máximos permitidos son distintos en Europa y en EEUU, por lo que carece de sentido la extrapolación. En concreto, los abogados presentaron informes periciales en los que se señalaba que en Europa los motores pueden alcanzar niveles de óxido de nitrógeno (NOx) de 180 miligramos por kilómetro, muy superiores a los 31 mg/km permitidos en EEUU.
No obstante, cabe resaltar que en el Viejo Continente la recopilación de datos de emisiones es obtenida por un organismo europeo independiente, mientras que en el país norteamericano son las propias entidades las que facilitan los datos a las autoridades.
De acuerdo con lo dictaminado por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, en inglés), los vehículos de Volkswagen eran hasta 40 veces más contaminantes que lo indicado por la normativa.
Hasta que conozcamos la sentencia tras el juicio, que duró solo un par de horas y quedó visto para sentencia sin la presencia de ningún ejecutivo de Volkswagen Audi España, en España los afectados únicamente podrán celebrar las pequeñas batallas individuales ganadas en los últimos meses al gigante del sector del automóvil.
En este sentido, en 2018, un juez de Manacor, Mallorca, dictó la primera sentencia en España y en Europa que condenaba al Grupo a devolver el importe más intereses de un Škoda Yeti afectado por el Dieselgate. En Alemania, ocurrió un caso prácticamente idéntico con un Golf comprado en 2012, por el que se devolvieron propietario los casi 30.000 euros que pagó por él.
Hasta ahora, el Dieselgate le ha costado a la compañía unos 30.000 millones de euros en multas, reparaciones de vehículos y costos legales.
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