La huelga de examinadores de tráfico se desconvocó ayer por la tarde, tras una reunión que duró casi dos horas y de la que salieron dos ideas básicas: que los funcionarios examinadores dan un voto de confianza (más) a la Administración, y que se guardan la posibilidad de volver a convocar paros si no se les paga lo que se les debe.
Pongamos un poco en contexto todo esto.
La reivindicación histórica de los examinadores de ver aumentado su salario en 250 euros desde enero de 2018 quedó pendiente de analizar en qué forma se materializaban los correspondientes pagos. Así, se presentó diciembre sin que los examinadores hubieran visto ni un euro de lo prometido.
La cuestión clave era el concepto por el cual se aumentaba el salario a estos funcionarios, y no a otros. Para ser un aumento estable y permanente en el tiempo, se debía consignar como "complemento específico", pero esa subida salarial no es competencia de la DGT, sino del Ministerio de Hacienda.
La subida planteada para 2018 se consignó como "productividad especial", de manera que se pudieran satisfacer las cantidades comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado para este año. Pero claro, una productividad especial es especial precisamente porque se sale de lo habitual.
Sin cobrar lo prometido y sin garantías de cobrarlo en 2019, los examinadores temieron perder ese pago especial de 2018 una vez que el año concluyera, y además no tenerlo garantizado de cara al año que viene. Y ese miedo a perder lo pactado durante las anteriores huelgas llevó al colectivo examinador a plantear nuevas jornadas de protesta.
Las fechas de la huelga no eran casuales. Se previó empezar ayer, día 10, justo después del puente del 6 de diciembre, y terminar el 21 de diciembre, justo antes de las vacaciones de Navidad y Fin de Año. Exactamente antes de que se terminaran las jornadas hábiles de trabajo de este año 2018.
Se trataba más de un último aviso que de otra cosa. Durante 2018 hubo reuniones en las que Pere Navarro anunció que ya estaba garantizado el complemento específico para 2019, y además se comprometió a hacer todo lo posible por conseguir que se pagara la productividad especial a los examinadores.
Pero el dinero nunca llegó. De ahí, la convocatoria de huelga en diciembre.
Los examinadores avisan: volverá la huelga si no cobran lo que se les debe (otra vez)
El pasado viernes se celebró una reunión de urgencia para analizar las últimas promesas de la Administración. En el escenario previsible estaba mantener la convocatoria de huelga o bien desconvocarla. Y media España estaba de puente y para ayer lunes había previstas manifestaciones en Madrid.
Se mantuvo la convocatoria, pero con una nueva reunión para ayer mismo. Tras esa reunión, que duró de las 17:00 a las 18:45, los examinadores decidieron desconvocar la huelga cuando sólo había caído una jornada de exámenes, con 5.000 aspirantes a conductores que se quedaron sin examen y que deberán ser recolocados en futuras convocatorias.
De la reunión, salieron cuatro ideas básicas:
- Que lo acordado hasta ahora es una "solución transitoria" hasta que se modifique la Relación de Puestos de Trabajo haciendo constar el ya comentado "complemento específico".
- Que la desconvocatoria "se produce por un acto de buena fe, una vez más, del colectivo examinador, en aras de dar un buen servicio al ciudadano".
- Que los examinadores reconocen "en pasado, presente y futuro, el esfuerzo y trabajo" de Pere Navarro en su apoyo a estos funcionarios.
- Que, "no obstante", si durante "el primer semestre del año 2019" no hay novedades en cuanto al complemento específico, "el colectivo examinador iniciará nuevamente el conflicto laboral", que por ahora considera "aplazado", pero no cerrado.
Transitoriedad, acto de buena fe, Pere Navarro y ojito a lo que sucederá. Así se puede resumir, en cuatro ideas, esta desconvocatoria que es más un cierre en falso que una resolución real de un conflicto que durante estos años ha sido factor concurrente, y en ocasiones detonante, de pérdidas de puestos de trabajo, de incrementos en los costes de la formación vial de miles de conductores, y, en definitiva, de pérdidas para la sociedad en su conjunto.
Y todo esto, por una simple y llana incapacidad burocrática para ponerle nombre técnico a un aumento de sueldo y poder registrarlo en la partida presupuestaria correspondiente. Demencial.
