La propuesta del director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, para que los ciclistas tengan que obtener un permiso de conducir que siga el modelo del permiso por puntos, además de un seguro obligatorio, resulta incomprensible para Ramón Ledesma, ex subdirector general de Ordenación Normativa de la DGT, impulsor en su día del permiso por puntos y actual asesor de PONS Seguridad Vial. Ledesma dice no entender a qué viene la propuesta, ya que difícilmente una medida como esta haría reducir la siniestralidad vial.
Lo cierto es que ambos expertos en Seguridad Vial tienen una parte de razón, si observamos la realidad como una inmensa manzana de Ortega y Gasset.
Todos somos parte del tráfico
Como hablamos de cuestiones legales, acudimos a la ley. El Reglamento General de Circulación comienza hablando del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al Tráfico, y lo hace de esta manera:
Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de este reglamento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.
De hecho, de ese ámbito de aplicación de las leyes sobre Tráfico sólo se escapan "los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes". Para más información, el RD 1428/2003 deja claras estas cuestiones en su Artículo 1.
Todos formamos parte del tráfico, y por eso Santa Cecilia aboga por la necesidad de que "cualquier vehículo que circule por la vía pública debe estar sujeto a unas mínimas normas y garantías de seguridad". Habla en el mismo sentido de los seguros e incluso del censo de bicicletas. Hoy por hoy, ni lo uno ni lo otro son obligatorios para circular por vías abiertas al tráfico.
Por su parte, Ledesma recuerda que el permiso por puntos nació del permiso de conducir, es decir, "a partir de que a los conductores se les da una autorización para conducir de la que tienen que hacer un buen uso" mientras que "a los ciclistas no se les da ningún título al igual que no se les da a los peatones".
Tan cierta es una cosa como la otra. Ni a los peatones ni a los ciclistas se les exige acreditar que han recibido una formación que les habilita para la circulación. Si existiera una Educación Vial dentro de la formación reglada y obligatoria, donde cada ciudadano fuera formado de manera adecuada, esta cuestión se resolvería de un modo directo. Pero no es el caso. Lamentablemente.
La cuestión de fondo es cómo se le puede exigir a nadie que aplique unos conocimientos y actitudes que quizá no posee, si con esas carencias puede acabar atropellando a alguien o resultando atropellado, por ejemplo por infringir las normas. "Si entramos en regulaciones de la conducción humana básica, no estamos enfocando bien el problema", objeta Ledesma, y en esto se le puede dar o no la razón en función de cuánto creamos en Thomas Hobbes y en la necesidad de poner unas bases que nos ayuden a organizar la selva humana.
Y de aquí pasamos al punto siguiente, que no puede ser otro que...
Que se les pueda multar
Cuando Santa Cecilia habla del hipotético permiso por puntos diseñado para ciclistas, lo hace en alusión a "que las personas que conduzcan cualquier tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol, de las drogas, saltándose la normativa, no respetando los pasos de peatones ni los semáforos o conduciendo hablando por el móvil, puedan ser objetos de sanción".
Bien, eso ya es así por ley; véanse los artículos 18, 20, 56, 146, etcétera, del citado Reglamento. Otra cosa es que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico reciban o no el encargo de perseguir ese tipo de infracciones. De hecho, es con esta afirmación que se evidencia un interés punitivo, más que un interés de mejora de la seguridad vial por parte del director de Seguridad Vial del RACE.
Parafraseando a Ledesma, si nos preocupamos más de que se impongan o no sanciones, que de mejorar los escenarios viales seguramente nos estamos equivocando de enfoque. Aunque también es cierto que hay por ahí individuos que, como diría Hobbes, son lobos para el hombre y sólo reaccionan cuando les tocan el bolsillo... hasta que se les pasa el disgusto económico y vuelven a infringir las normas, o hasta que sufren un siniestro vial y entonces el disgusto es aún mayor.
Y hablando de siniestros viales...
No sirve para reducir la siniestralidad
Para cortar de raíz esa línea del discurso, tenemos que "los ciclistas son los atropellados y no los que generan la mortalidad", según defiende Ledesma. Si acudimos a las estadísticas de DGT, en los datos consolidados de 2015, con resultados computados 30 días después del siniestro y sumando vías urbanas e interurbanas, tenemos lo siguiente:
Ciertamente, sorprende el elevado número de víctimas entre los ciclistas. Descontando los peatones del total, las 6.983 víctimas ciclistas de toda índole constituirían un 5,74 % del total de conductores de algún tipo de vehículo implicado en un siniestro vial con víctimas.
Si escuchamos a Santa Cecilia, se haría necesario controlar a los ciclistas para castigar a aquellos que cometieran infracciones. ¿Qué pasa si echamos un ojo a las infracciones de tráfico que acompañaban a los siniestros viales registrados en España durante 2015, el último año del que tenemos datos a 30 días?
Hay 2.404 casos en los que se sabe con certeza que un ciclista incumplió la norma. Un 31,5 % del total, frente al 40,1 % de infractores tomando los datos totales de España, con todos los tipos de vehículos implicados.
¿Es mucho? Sí.
¿Es preocupante? Sí.
¿Es alarmante?
Cada uno es muy libre de alarmarse como considere, pero valga también una consideración adicional, para ir añadiendo caras a la manzana de Ortega: los datos de que dispone DGT no recogen la totalidad de los siniestros viales, ni por supuesto la totalidad de las infracciones que se cometen.
Si creemos en el poder de la estadística y los porcentajes, podemos dar por buena la idea de que no es tan pasota el ciclista como lo pintan, pero aún así... conviene tomar con cuidado estos datos.
En cualquier caso, sí parece razonable que los ciclistas cuenten con un seguro, por lo que pueda ocurrir. No ya sólo por los casos de atropellos de ciclistas a peatones, que algunos ha habido y en ocasiones con resultado de muerte, sino también para hacer menos complicados los trámites en los casos en los que la víctima es el ciclista. Es decir, la mayoría.
En países de ciclistas esto no se hace
Ramón Ledesma dice también que en aquellos países en los que la bicicleta es una opción de movilidad más "no se han planteado este tipo de debates". El argumento parece algo fofo, porque lo que hasta ahora no ha estado encima de la mesa se puede poner sobre el tapete en cualquier momento. Más, en un escenario legal tan cambiante como el de nuestro marco de referencia, que es la presunta Unión Europea.
Por otra parte, precisamente porque dependemos de Bruselas para todo lo que tiene que ver con la regulación de los permisos de conducir (y si no te lo crees, busca las siete diferencias entre el Reglamento General de Conductores y la Directiva Comunitaria 2006/126/CE, de la que deriva), y precisamente porque es lógico y hasta deseable que así sea, si hemos de viajar hacia un marco legal común, una propuesta que afecte a los permisos de conducir no parece tener recorrido si no se plantea en los lugares adecuados, por los cauces adecuados.
Si se hiciera así, habría menos ciclistas
Finalmente, cabe destacar las declaraciones del director técnico de ConBici, Manuel Martín, a Europa Press. En su argumentación para rebatir una propuesta que le parece "absolutamente lamentable", razona que si esto saliera adelante "casi nadie" iría en bicicleta. Esto, en un escenario como el que se está dibujando, con ciudades cuya movilidad se va a depender en gran medida del buen uso de las bicis y de otros medios de transporte menos agresivos que el turismo particular.
Llegados a este punto, quizá conviene plantearse qué defiende Martín en este caso: la calidad o la cantidad. O quizá hablamos del simple temor a un castigo, si hacemos caso a las declaraciones del director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia. ¿Por qué, si no, la gente iba a prescindir de un medio de transporte tan beneficioso como la bicicleta?, podríamos preguntarnos.
¿Sería igual de defendible una postura según la cual dijéramos que como hay que sacarse un permiso de conducir para poder llevar turismos por las vías a las que afecta el Reglamento General de Circulación esto hace que no haya más coches por la calle? Porque si es por eso y con la concesión de autorizaciones administrativas se frena que cualquier descerebrado pueda atropellar a alguien con un coche... benditos sean los procedimientos que tenemos ahora mismo, por muy mejorables que sean. Que lo son.
Y ahora, el examen...
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