La Generalitat presidida por Carles Puigdemont ha aprobado hoy su primer proyecto de ley, la ley del cambio climático, que gravará los vehículos más contaminantes. La idea es, según ha detallado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, "incentivar cambios en el comportamiento ambiental y apostar por modelos más sostenibles”. Esta nueva ley entrará en vigor en Cataluña en 2018, de forma progresiva, y cuando esté completamente operativa, dos años después, supondrá unos ingresos para las arcas de 75 millones de euros.
Las cuantías por las que se gravarán los vehículos estarán en consonancia con los niveles de CO₂ que emitan. La medida aprobada hoy coincide con el anuncio de que en el Área Metropolitana de Barcelona se podría restringir la circulación en función de la antigüedad de los vehículos.
Para un turismo que emita entre 120 y 130 g/km de CO₂, los titulares deberán abonar anualmente una cantidad que rondará los 5,50 euros, mientras que los vehículos más contaminantes (con emisiones por encima de 235 g/km) pagarán 84 euros al año. Los vehículos más eficientes estarán exentos de este gravamen. La apuesta es recaudar 68,7 millones de euros por los turismos y 8,1 millones de euros por las furgonetas, hacia 2020.
Según explica Rull, “el objetivo es que desaparezca este impuesto a medida que se renueva la flota de vehículos”. El consejero ha asegurando que más de la mitad de lo que se recaude se destinará a renovar el parque automovilístico en Cataluña, si bien no ha precisado de qué manera se estructurarán las ayudas a la compra de coches nuevos, más allá de aclarar que se priorizarán "los sectores más frágiles y más sensibles".
La ley del cambio climático aprobada hoy establece unos objetivos de reducción de emisiones tales que en 2020 se registre una disminución del 25 % respecto a 2005, mientras que en 2050 esta disminución debe alcanzar el 80 %.
Barcelona, ¿sin coches de más de 20 años?
La aprobación de esta ley catalana coincide en el tiempo con el anuncio de que el Área Metropolitana de Barcelona quiere prohibir la circulación de los vehículos que tengan una antigüedad superior a 20 años. Rull ha valorado esta posible medida como algo positivo, en el sentido de que “es bueno poner el tema sobre la mesa para que la gente sea consciente de que tenemos un problema”.
No es este el único "problema" que aborda la ley que afecta a toda Cataluña. El texto legal recoge también la necesidad de atajar la pobreza energética, así como un apartado para que sean los departamentos de Territorio y Bienestar, junto con los ayuntamientos, los que establezcan cuál es el consumo mínimo de energía necesario y cuál ha de ser la tarifa social adecuada para asegurarlos.
La nueva normativa aprobada y los impuestos que de ella derivan han sido defendidos por el consejero como un texto legal planteado para una Cataluña independiente, pero que a la vez es “perfectamente constitucional”, según ha manifestado, aunque no ha descartado que el Gobierno de España pueda recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional.